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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de enero el bono joven para el alquiler, una ayuda de hasta 250 euros para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes de entre 18 y 35 años. Según declaró el presidente del Gobierno, este bono tiene la pretensión de ayudar a 70.000 jóvenes a hacer frente a los costes del alquiler.
Sin embargo, han sido muchas las críticas en torno a la reducida cifra de beneficiarios que, entre otros motivos, responde a la difícil aplicación del bono en grandes ciudades, donde los precios de los alquileres superan el límite establecido por el Gobierno para acceder a esta ayuda, y es que la renta mensual no podrá superar los 600 euros.
Aquellos que queden excluidos del Bono Joven por razones de edad o de presupuesto, deben saber que el Gobierno ofrece un total de ocho ayudas en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. El portal inmobiliario Fotocasa las ha recogido y detallado en su plataforma:
Esta compensación estipulada en el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025 no tiene límite de edad. Como su nombre indica, implica un bono de hasta el 50% del importe del alquiler para hogares cuyos ingresos totales no superen tres veces el IPREM, es decir 24.318 euros al año. Este límite asciende a cinco veces el IPREM, es decir, 40.531 euros al año, en algunos casos, como familias numerosas o personas con discapacidad. Sin embargo, y como ocurre con el bono joven, el precio del alquiler no podrá ser superior a los 600 euros al mes o 900 en zonas tensionadas.
En el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025 se ha activado un programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Estas ayudas suponen hasta el 100% del importe del alquiler en aquellos hogares que hayan sufrido una pérdida de ingresos netos superior al 20%. Otra de las condiciones es que el coste del alquiler debe ser superior al 40% de los ingresos. Además, la renta del inmueble deberá ser, como máximo, de 900 euros al mes.
Esta ayuda se proyecto sobre los colectivos vulnerables, es decir, personas sin hogar, desahuciadas o víctimas de violencia de género, entre otros. La ayuda podrá ser de hasta el 100% del alquiler, los gastos de comunidad e incluso los suministros, no obstante, el importe del alquiler no podrá ser superior a los 600 euros al mes o 900 en zonas tensionadas, y los gastos mensuales no podrán superar los 200 euros.
El objetivo de esta compensación es atraer jóvenes (menores de 36 años) a los pueblos de la España vaciada, y asciende hasta el 60% del importe del alquiler de inmuebles que se encuentren en municipios de menos de 10.000 habitantes. Estos también podrán beneficiarse de subsidios para comprar viviendas en dichos núcleos de población.
"El Gobierno pagará hasta 700 euros por metro cuadrado, el 50% de los gastos o hasta 50.000 euros por vivienda, a todas aquellas empresas que gestionen o construyan pisos con alquileres asequibles para personas mayores o con discapacidad", ha publicado Fotocasas.
Las condiciones a estas ayudas pasan porque la duración de dichos alquileres deberá ser, como mínimo, veinte años, y deberán incluir todo lo necesario para su accesibilidad, asistencia y confort.
Esta ayuda va destinada a los propietarios, a quienes el Gobierno financiará un seguro de impago del alquiler, con un máximo del 5% de la renta anual durante doce meses.
Destinada a aquellos propietarios que cedan sus inmuebles a las comunidades o ayuntamientos de su localidad para que estos los destinen a alquiler social. El Gobierno pagará al propietario hasta el 50% del exceso de la renta sobre el alquiler social, es decir, abonará la mitad de la diferencia hasta llegar al precio de mercado.
"El Gobierno también pagará hasta 420 euros por metro cuadrado, el 50% de los gastos o hasta 50.000 euros por vivienda, a todas aquellas asociaciones o entidades públicas que promuevan el alquiler de pisos compartidos o alojamientos temporales, entre otros", explica Fotocasas.
El precio máximo para alquilar estos inmuebles será de ocho euros el metro cuadrado, y tendrán que estar dirigidos a personas cuyos ingresos sean inferiores a cinco veces el IPREM, es decir, que cobren menos de 40.531 euros anuales.
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