Alemania y España tratan de proteger los coches diésel ante la próxima introducción de nuevas pruebas más exigentes con las emisiones contaminantes de los vehículos, tras el golpe que ha supuesto el escándalo de los motores trucados por Volkswagen.

La Comisión Europea dio ayer un paso más hacia la introducción de estas nuevas pruebas en "condiciones reales de conducción" , más exigentes que las que actualmente se hacen en laboratorio, al enviar su nueva propuesta a los países con los detalles sobre cómo se aplicarán.

Aunque las posiciones de los países no están aún completamente definidas, sí se puede ver una diferencia entre aquellos en los que la industria automovilística no tiene presencia, que se inclinan por endurecer cuanto antes los controles sobre los coches para reducir el impacto en la salud de la contaminación que producen, y los que sí.

En este último grupo se encuentran las grandes economías europeas, es decir, España, Francia, Italia, Reino Unido y, muy especialmente, Alemania. Aquellos que también tienen un mayor peso a la hora de votar y aprobar normas europeas.

Berlín recuerda las consecuencias que puede suponer la caída de uno de sus pilares industriales. Por ello, defiende que la primera fase se retrase un año y entre en vigor en 2018 y la segunda, en 2020. Aunque su mayor preocupación es el margen que se dará a los vehículos para mantener sus emisiones por encima de los límites, según fuentes diplomáticas.

España, otro país en el que la fabricación de vehículos diesel está muy desarrollada, defiende una posición similar a la alemana, que tampoco se aleja de la que mantiene Francia, según las mismas fuentes.