El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a España un aumento inmediato del IVA, una bajada de los salarios del sector público y la eliminación de beneficios fiscales para alcanzar la consolidación fiscal necesaria y cumplir los objetivos fijados. En la presentación de un informe periódico sobre la economía española, el FMI subrayó la dificultad de que se cumplan los objetivos fiscales del Gobierno español este año y pidió "un aumento del IVA y los impuestos especiales, medidas que deberían tomarse ahora". Asimismo, la entidad multilateral recomienda "futuros recortes de salarios públicos", pasos que junto al aumento de los impuestos "podrían aprobarse ahora y cancelarlos sólo si los objetivos son alcanzados".

La lista de recomendaciones incluye "dar mayor énfasis a las privatizaciones" y más control sobre las Comunidades Autónomas para mantener el equilibrio fiscal, "por ejemplo, advirtiendo inmediatamente a algunas regiones e interviniéndolas rápidamente si no logran responder a tiempo". El Fondo, que reconoce la "relevancia" de las reformas ya presentadas por el Gobierno de Madrid, indica que el marco de disciplina fiscal "aún necesita mejoras, y cuanto más fuerte sea tanto más probable será que los mercados acepten una senda de consolidación más suave", ya que la confianza "es débil".

El informe recuerda al equipo de Mariano Rajoy "que ninguna opción debe ser descartada", y asegura que hay margen para reducir los beneficios fiscales, que es deseable una reducción de las cotizaciones a la seguridad social o eliminar la deducción por la compra de vivienda. Para la institución que dirige Christine Lagarde, "no debería haber más amnistías o aumentos transitorios de tipos", ya que son medidas que ofrecen ganancias puntuales y no permanentes, al tiempo que pide que se proteja "el gasto en los más vulnerables".

El informe señala que las reducciones de gasto previstas por el Gobierno español están enfocadas a las áreas adecuadas, "aunque llevará tiempo identificarlas, serán difíciles de implementar y sus resultados son inciertos", al tiempo que solicita a Madrid "una respuesta de política económica proporcionalmente ambiciosa". "Dada la falta de medidas detalladas después de 2012, nuestro equipo prevé que el déficit sobrepase significativamente los objetivos" y que sólo se reduzca gradualmente en el medio plazo, indica el informe.

El Fondo reconoce en el informe de revisión anual del llamado Artículo IV el impacto positivo de las reformas iniciadas por el Gobierno español, pero recuerda que "las perspectivas son muy difíciles", para lo que recomienda "una visión clara a medio plazo". Recuerda que la desviación fiscal en el déficit de 2011 "socavó la credibilidad de España para alcanzar la consolidación fiscal y aumentó el ajuste fiscal necesario para 2012", y asegura que el objetivo de déficit para este año (del 5,3 % del PIB) es "probablemente muy ambicioso".

Más a largo plazo, el FMI considera que la consolidación entre 2013 y 2015 está basada en reducciones de gastos que están aún por especificar, y asegura que "una mayor transparencia fiscal es esencial". A ese respecto, felicita la presentación de cuentas autonómicas trimestrales, aunque recomienda que los presupuestos y la presentación de informes de las Comunidades Autónomas sean más homogéneos y se establezca un marco duradero para la financiación de las administraciones regionales.

El FMI recuerda que a los desafíos del Ejecutivo español se han sumado ahora "la deuda de la recapitalización bancaria y la financiación de los pagos regionales atrasados". En lo referente al rescate bancario acordado con el Eurogrupo la semana pasada, el FMI indica que, incluso si el coste llegara a alcanzar la totalidad de los 100.000 millones de euros prometidos, "seguiría siendo manejable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda siempre que se lleve a cabo el ajuste fiscal previsto".

La hoja de ruta que marca el Fondo pasa por requerir a los bancos españoles que cumplan con "cualesquiera necesidades adicionales de provisiones o capital". El FMI recomienda que el Gobierno determine y clasifique las entidades financieras que no necesitan apoyo, los "bancos viables que necesitan apoyo" y los "bancos no viables". En su evaluación cualitativa de la economía española, el FMI pide un refuerzo de la capacidad del Estado para gestionar sus participaciones en entidades nacionalizadas, de modo que "eventualmente pueda deshacerse de tales participaciones, e idealmente obtener un beneficio de las mismas".