El Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) ha cerrado un acuerdo sobre el último bloque de la reforma de pensiones, que incluye varias medidas para mejorar los ingresos, como una subida general de las cotizaciones y una cuota especial de solidaridad de los sueldos más altos, a la vez que permite mantener el periodo de cómputo actual en 25 años.

La reforma, consensuada con la Comisión Europea –aunque Bruselas no ha dado su apoyo público explícito– se presentó este viernes a los agentes sociales, que reaccionaron de forma opuesta: mientras los sindicatos UGT y CCOO valoraron las medidas, la patronal CEOE las rechazó de plano al suponer un incremento de los costes laborales que, dicen, “pone en peligro” la creación de empleo.

Esta propuesta, que el Gobierno volverá a abordar con los agentes sociales el próximo lunes, se centra en un aumento de los ingresos para garantizar la sostenibilidad de unas pensiones vinculadas a la inflación.

Entre las medidas para mejorar ingresos, el Ministerio de Inclusión detalla que se incluye una cuota de solidaridad para salarios altos –que empezará en el 1% de la parte del salario que excede del tope de cotización en 2025 e irá aumentando hasta llegar al 6% en 2045-.

Asimismo, duplica la cotización adicional vinculada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), hasta dejarlo en 1,2 puntos porcentuales en 2029 y extenderlo de forma automática hasta 2050. En lo que se refiere al reparto del MEI, un punto lo asumirán las empresas, mientras que las dos décimas restantes recaerán sobre el trabajador, de manera que se mantendría la misma proporción que ahora (en 2023 el incremento es de 0,6 puntos, 0,5 asumidos por la empresa y 0,1 por el empleado).

Asimismo, la reforma contempla una subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Todas estas medidas suponen mayores costes en cotizaciones para las empresas que. La CEOE “la voracidad recaudatoria del Gobierno” y señala que los trabajadores “verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución”. “Se garantiza la sostenibilidad del sistema a través de un reforzamiento de los recursos, evitando cualquier tipo de recorte”, defienden desde el Ministerio que lidera José Luis Escrivá.

Junto a estas medidas del lado de los ingresos, la reforma aborda el periodo de cómputo, los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión inicial, y que tanto Podemos como sindicatos habían rechazado ampliar.

Finalmente se establece un “régimen dual” para los próximos 20 años que permitirá a los pensionistas elegir entre mantener para el periodo de cálculo los últimos 25 años, como en la actualidad, o contar 29 años pudiendo descartar dos de ellos. Según detallan fuentes del Ministerio de Inclusión, la nueva opción de ampliar y descartar se desplegará progresivamente durante 12 años, a partir de 2026, y a partir de 2044 sólo quedará esta opción de 29 años menos dos.

También se recogen algunas mejoras en la cobertura de periodos sin cotizar, las denominadas lagunas, que afectan especialmente a las mujeres; y una mejora del 10 % adicional del complemento de brecha de género de las pensiones durante 2024 y 2025.

Junto a esto, se fija una subida progresiva de las pensiones máximas –con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050– y mejoras en las pensiones mínimas y las no contributivas.

La reforma, que se aprobará vía decreto ley, forma parte de los hitos comprometidos para desbloquear un nuevo desembolso de los fondos europeos y se suma al paquete de medidas pactadas en julio de 2021 y que, entre otros cambios, volvió a vincular la revalorización de las pensiones con la inflación. Las medidas deberían de haber estado cerradas a finales de 2022, pero las dificultades de la negociación han dilatado los plazos de una norma que ahora deberá pasar por el Congreso.

Algunos de los grupos políticos que apoyaron la investidura (ERC, Bildu y Compromís) han respaldado el acuerdo, y el PNV supedita su decisión al “análisis de la letra pequeña”. Desde el PP, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha criticado que la reforma introduce “un impuesto más” al trabajo cuando España “es poco” competitiva y tiene las cotizaciones “más altas” de la OCDE.