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Crisis del coronavirus

El SEPE gestionó en abril siete veces más expedientes que en 2019

Una oficina del SAE y del SEPE en Andalucía.

Una oficina del SAE y del SEPE en Andalucía. / Erasmo Fenoy

Los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestionaron en el pasado mes de abril más de 3,3 millones de prestaciones por desempleo individuales, cifra que multiplica prácticamente por siete (+530%) a la registrada en 2019, cuando rondó los 511.848 expedientes.

Así lo señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un informe sobre los retrasos en el SEPE, que también ha puesto de relieve que la plantilla solo se ha incrementado un 10%.

Este incremento de la plantilla ha supuesto una suma de 780 interinos, "pese a que el Gobierno se comprometió a hacerlo en 1.000 trabajadores hace dos meses", hasta totalizar en 7.892 personas.

Según denuncia el sindicato, en los últimos cuatro años esta plantilla se ha visto reducida en 1.000 personas y presenta una tasa de temporalidad cercana al 20%.

Retrasos

CSIF ha explicado que el retraso que se está produciendo en la gestión y abono de los ERTE se debe, entre otros, a desinformación, ya que el SEPE tuvo que hacer frente a "la gestión de cientos de miles de ERTE desde el 26 de marzo sin ni siquiera disponer todavía de una plantilla totalmente organizada para gestionar la descomunal carga de trabajo".

Por provincias, el mayor incremento de la carga de trabajo para los funcionarios del SEPE se ha dado en Palma de Mallorca, con un incremento respecto a 2019 del 1.300%. Por detrás, le siguen Álava (+950%), Girona (+902%), Barcelona (+853%), Madrid (+810%).

Hasta abril, el número de procedimientos colectivos presentados entre la segunda quincena de marzo y el mes de abril ascendió a 552.492, con más de 2,8 millones personas incluidas.

Asimismo, resalta que se ha atendido la gestión y abono de más de 5,1 millones de prestaciones individuales en el mes de mayo, 10 veces más expedientes que en el mismo mes de 2019.

Por otro lado, apunta, que los retrasos se deben también a que la autoridad laboral entró "en colapso" para acreditar la causa de fuerza mayor, "teniéndose que ampliar en un número significativo de provincias el plazo de resolución de cinco días para esta verificación".

"Un significado número de ERTE se han tenido que resolver de oficio por parte del SEPE, aplicando lo que en procedimiento administrativo es el silencio positivo, al no resolver dicha autoridad laboral en el plazo estipulado", explica CSIF, que dice que, no obstante, antes de resolverse la tramitación así, el SEPE tuvo que esperar el plazo de entre cinco y diez días.

Cambios empresariales

La organización que lidera Miguel Borras ha remarcado también los errores que ha habido en la documentación aportada por parte de las empresas o las modificaciones en la presentación de los ERTE, ya que, por ejemplo, ha habido empresas que inicialmente presentaron un ERTE por reducción de jornada y que, posteriormente, decidió suspender la relación laboral del conjunto de trabajadores.

El sindicato ha señalado que miles de personas afectadas por un ERTE todavía siguen pendientes de recibir su prestación, pese a que, según remarca el sindicato, "la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, indica que esta cuestión está resuelta".

"Esta situación genera incertidumbre, decepción y, desde luego, vulnerabilidad en este colectivo de desempleados, que traslada su profundo malestar a los trabajadores del SEPE, que son quienes dan la cara con su trabajo diario ante la irresponsabilidad reiterada de las declaraciones políticas", ha remarcado el sindicato.

CSIF, que presentará este informe a los diferentes grupos parlamentarios para su estudio en la Comisión para la Reconstrucción constituida en el Congreso, ha mostrado su "profunda preocupación" ante los mensajes en redes que tachan de "incompetente" la actuación de los empleados del SEPE.

"Si desde el Gobierno no se actúa de inmediato, exponiendo con claridad el esfuerzo titánico de esta plantilla y, sobre todo, las tremendas dificultades que afectan a la gestión de las prestaciones por desempleo, tendrá consecuencias dramáticas", ha alertado.

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