El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva batería de medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, valoradas en 10.000 millones de euros y que se suman al coste de 35.000 millones de los decretos previos (45.000 millones en total).

En esencia, el Gobierno de Pedro Sánchez prorroga casi todas las medidas vigentes (con algunas variantes), hace decaer la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y la limita solo a sectores concretos, y elimina durante seis meses al menos, y a partir del 1 de enero, el IVA de los alimentos más básicos (pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales), que pasan del 4% superreducido al 0%. También reduce el de los aceites y la pasta del 10% al 5%.

Además, el Gobierno introduce una ayuda específica de 200 euros para rentas menores de 27.000 euros y un patrimonio no superior a 75.000 euros, algo que beneficiará a 4,2 millones de trabajadores, según el Ejecutivo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues, pone el foco ahora en la cesta de la compra, cuyo IPC está disparado hasta el 15,3%, muy por encima del 6,8% general (dato de noviembre).

Y vincula estas medidas a ayudas directas de 300 millones a agricultores para compensar el aumento de los fertilizantes y así reducir el coste de sus producciones. Se subvencionarán 22 euros por hectárea en el caso de superficie de secano y de 55 euros para el regadío hasta un máximo de 300 hectáreas.

El objetivo final es reducir el precio de los alimentos y, por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presentó las medidas personalmente, afirmó que el nuevo decreto introducirá la obligatoriedad de repercutirlas en el precio final del producto.

En su gran mayoría se prorrogan durante seis meses las anteriores medidas. En el caso del alquiler, el gran caballo de batalla de Podemos, continúa la actualización anual de los contratos al 2% (fruto de un acuerdo del PSOE con Bildu) pero se prorrogan durante seis meses automáticamente aquellos contratos que expiren antes del próximo 30 de junio. Recordemos que Unidas Podemos pedía la congelación de los alquileres, tanto de los que se actualizan como de los que expiran y finalmente ha conseguido una victoria parcial.

El Gobierno prorroga seis meses más, por otro lado, las rebajas de impuestos a la electricidad (del 10% al 5%) y el gas (del 21% al 5%) y la congelación de la bombona de butano, además de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables, así como la prohibición de cortes de suministro y la extensión del bono social a las familias vulnerables. 

Respecto a la bonificación al precio de los carburantes, solo se mantendrá en el caso de transportistas (se abonarán 20 céntimos por litro en el primer trimestre y 10 en el siguiente), agricultores (se hará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos y se podrá solicitar a partir del 1 de abril) y navieras de transporte regular (0,137 céntimos por cada milla navegada). Los pescadores, por su lado, tendrán 120 millones en ayudas directas para asumir el exceso de coste. De manera general, esta bonificación desaparece el 1 de enero.

Sí se mantienen, como ya se consignó en los presupuestos, la gratuidad de los abonos de media distancia y cercanías y también las ayudas a los abonos del transporte urbano e interurbano del 30%, aunque esta vez condicionadas a que las administraciones competentes eleven al 50% esta ayuda. 

Sánchez ha anunciado también ayudas específicas a la industria electrointensiva. En concreto, serán 450 millones de euros a fondo perdido y 500 para una nueva línea ICO. 

Y ha anticipado otra medida que no tiene que ver tanto con la inflación provocada por la guerra como con la situación de escasez de personal de la sanidad pública. Para cubrir las carencias de la atención primaria, los profesionales sanitarios que se jubilen podrán compatibilizar el 75% de su pensión con el servicio activo, a tiempo completo o a media jornada.

El Gobierno también ha aprobado el aumento del 15% ya comprometido de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y dio luz verde también al incremento del 8,5% de las pensiones contributivas ya comprometido en fechas previas.