Los ecoesquemas se perfilan como el gran escollo para un acuerdo sobre la PAC
Las autonomías piden al Gobierno una mayor concreción sobre el reparto de 1.200 millones de ayudas extras para prácticas verdes
Las partes se emplazan a un nuevo encuentro en el otoño
El Gobierno y las comunidades autónomas decidieron este miércoles avanzar en la negociación técnica de los ecoesquemas antes de alcanzar un acuerdo político sobre la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España para el quinquenio 2023-2027.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió con los consejeros autonómicos del ramo en una Conferencia Sectorial con el fin de acordar los “parámetros fundamentales” del plan estratégico nacional de la PAC para ese periodo.
La Junta acepta pasar de 50 regiones agronómicas a 20
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, aseguró que la Junta está “razonablemente satisfecha” tras la “complicada” reunión de ayer sobre Política Agraria Común (PAC), con un documento base y acuerdos para seguir avanzando. Así lo puso de manifiesto tras participar en el Consejo Consultivo de Política Agraria y la Conferencia Sectorial de Agricultura. Crespo explicó que ya hay “un documento base que tiene que evolucionar”, como viene haciéndolo desde hace un tiempo. Valoró que “en el debate de hoy se han conseguido objetivos prioritarios”, como los relativos a las regiones productivas”, una cuestión “fundamental” donde “se dan pasos”. Tras recordar que Andalucía defendía 50 regiones, dijo que están “contentos” porque “se hablaba de cuatro a 20 y ahora se queda plasmado en la base que tengamos en alrededor de 20.
El plan debe estar diseñado antes de final de año para remitirlo a Bruselas y que la Comisión Europea (CE) le dé el visto bueno durante el primer semestre de 2022.
La reunión concluyó sin que la propuesta inicial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) fuera sometida a votación, en medio de las peticiones de distintas autonomías por desarrollar ciertos puntos, especialmente en el caso de los ecoesquemas, herramienta de la nueva PAC por la que una parte de los fondos se destina a ayudas suplementarias para medidas medioambientales.
En ese sentido, las partes negociadoras se han emplazado a reuniones de carácter técnico a partir del próximo 21 de julio para debatir estas ayudas ligadas a prácticas sostenibles con el medio ambiente. Será entre septiembre y octubre cuando se vuelva a celebrar otra conferencia sectorial para analizar los resultados de los trabajos técnicos.
La propuesta inicial incluye 4.800 millones de euros en ayudas directas, de los que el 60% son pagos básicos a la renta, y cerca de 1.200 millones para ecoesquemas, todo ello dentro del primer pilar, afirmó Planas tras el encuentro.
Se pretende así que el 23% de los pagos directos se vinculen a los ecoesquemas, junto a un 2% adicional de los fondos de desarrollo rural.
Las ayudas al desarrollo rural (Feader) contarán con una cantidad anual total de 1.100 millones de euros, aparte de otros 900 millones para medidas de mercado y programas sectoriales.
El Gobierno busca un reparto “más justo” de los fondos y una PAC “más social” y “más sostenible” con la intención de hacer converger las ayudas al 85% de la media regional en el nuevo periodo, reducir el número de regiones de pago básico de 50 a 20 e incluir medidas para la incorporación de mujeres y jóvenes.
Planas destacó que el documento presentado seguirá sirviendo de base para avanzar en la negociación y que los consejeros le “han dado su apoyo” para proseguir la preparación del plan estratégico nacional.
Los puntos de la propuesta: definición de agricultor activo, ‘capping’, convergencia, olivar tradicional...
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación resume en 49 puntos los parámetros que tienen que dirigir el Plan Estratégico Nacional de la PAC.
El principal bloque es el del primer pilar de la PAC, en el que se detalla que, dentro de las ayudas directas –desvinculadas de la producción–, se reserva el 60% a la renta básica para la sostenibilidad y a la ayuda complementaria redistributiva para la sostenibilidad (pago redistributivo) una sexta parte de la ayuda básica a la renta, equivalente al 10% del total de las directas.
En cuanto a la definición de “agricultor activo”, los beneficiarios deberán cumplir con la condición de estar afiliado a la Seguridad Social agraria por cuenta propia cuando al menos el 25% de sus ingresos totales sean de dicha actividad o a quienes reciban un importe anual en concepto de ayudas igual o inferior a 5.000 euros.
El importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros. Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. Se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas.
El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se distinguirá por regiones, que se reducirán a un máximo de 20. A partir de 2023 la ayuda se concederá sobre la base de los derechos individuales de pago que estén asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña de 2022. El valor nominal de cada derecho de pago convergerá hacia el valor medio de cada una de la regiones establecidas, en cinco etapas iguales, comenzando la primera en 2022. En todo caso, la convergencia continuará a partir de 2027, para llegar en 2029 a la convergencia plena.
Hay además una intervención sectorial al olivar tradicional a través de organizaciones de productores, con una aportación del 0,62 % de los fondos.
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