Algo huele bien en Dinamarca

FUE interesante la conversación televisada del domingo pasado entre los candidatos Iglesias y Rivera, con un tono alejado de la acritud habitual en los parlamentos y en los debates electorales, gracias quizá a la ausencia de reproches por el pasado. Hemos podido conocer algo más de su pensamiento y posibles propuestas electorales, a la vez que el recurso a la acción pública por parte del candidato de Podemos y la ausencia de una posición verdaderamente liberal en el candidato de Ciudadanos.

Sostiene Podemos que para aumentar significativamente los ingresos fiscales bastaría con igualar los tipos reales con los tipos nominales, y se hace eco también de una cifra que ha aireado el sindicato de técnicos de Hacienda: el Estado deja de ingresar 90.000 millones de euros anuales como consecuencia del fraude fiscal, pero sin dar explicación de cómo han llegado a ella, más allá de una estimación del volumen de la economía sumergida. Es muy aventurado creer que todavía hay mucho recorrido para el descubrimiento de fraude fiscal en España después del mandato de los populares, y no es muy sensato prometer más gasto público soportado en su afloramiento. Por otra parte, la igualación de los tipos reales con los nominales no es más que una subida de impuestos, que se habría de traducir en un tipo único de IVA y en la desaparición de las desgravaciones del IRPF. Y en cuanto a Sociedades no obtendríamos un gran volumen de ingresos adicionales, dados los niveles de recaudación actuales.

Con este mayor ingreso ya nos podríamos ir asimilando al modelo escandinavo, que ahora parece ser el ideal. Mejor dicho, la parte del modelo que se corresponde con un elevado gasto público, sin tomar en consideración el funcionamiento de sus economías en su conjunto. Y también parece haber una fijación con Dinamarca, traída a colación de sus niveles salariales y a cuenta de la conveniencia de elevar el salario mínimo. No digo yo que no hayan viajado a Copenhague o a Estocolmo, pero no han reparado en que en los países nórdicos no existe un salario mínimo, lo mismo que en Alemania, Italia o Suiza. Y, sorpresa, tampoco existe en Dinamarca la indemnización por despido y las pensiones públicas están sostenidas por los impuestos generales y las contribuciones personales, mientras que los empleadores aportan un porcentaje bastante reducido al sistema. Es cierto que el gasto público danés es más elevado que el español en porcentaje sobre el PIB, aunque ya no estemos demasiado lejos. Los tipos del IVA (único del 25%) y de otros impuestos indirectos (matriculación de vehículos, energía, bebidas), al igual que el impuesto sobre la renta son más elevados que en España, aunque el impuesto de sociedades es menor, el 25%. Pero la verdad es que aunque la presión fiscal sea muy elevada, el nivel de ingresos promedio de los daneses resulta en un esfuerzo fiscal menor que el español. Y esto es lo que siente el contribuyente: la cantidad de renta -no el porcentaje- que le queda disponible tras pasar por el fisco, siendo además numerosas las formas de retorno de efectivo a los ciudadanos.

La creencia de que un gran volumen de acción pública sostiene su alto nivel de renta no deja de ser una falacia alejada de la realidad. Su envidiable situación se debe a una institucionalidad muy favorable para la acción empresarial, a la inserción de Dinamarca en la economía mundial y a su capacidad de aprovechar las ventajas comerciales de la globalización. Han creado a lo largo del tiempo no pocas compañías internacionales de gran potencia y en sectores muy diversos, con ejemplos bien conocidos por todos: Maersk (1904), Lego (1932), Novo Nordisk (1923), Egmont (1920), Vestas (1945), Carlsberg (1847), Bang & Olufsen (1925), Leo Pharma (1908), Chr. Hansen (1874) o Tuborg (1783). Esto sorprende en un país de sólo 5,6 millones habitantes (menos que Madrid), pero ayuda a explicar que su comercio internacional (importaciones más exportaciones) sea el 102,6% del PIB (España 64,2%). El verdadero soporte de Dinamarca no es el gran volumen de gasto público, sino ser una de las economías más liberalizadas del mundo, como pone de manifiesto su posición en el índice Doing Business sobre la facilidad para hacer negocios: ocupa el cuarto lugar, mientras que España es la trigésimo tercera. Lo mismo sucede en el índice de Libertad Económica (puesto 11 frente a nuestro 49) o en el Global Competitiveness Index (puestos 13 y 35, respectivamente).

No hay por qué objetar la búsqueda de referencias internacionales útiles para mejorar nuestra situación económica, pero hay que aceptar que sólo una potente y libre economía de mercado es capaz de soportar un gran volumen de acción pública. Ésta, por sí sola, no es capaz de producir crecimiento económico. Aunque puede que a algunos les parezca mal el crecimiento, ya que en él se encuentra el origen de la desigualdad, otro de los temas ahora favoritos de la izquierda.