Economía

La maraña legal de la aceituna negra

Línea de procesado de aceituna negra en Agro Sevilla. Línea de procesado de aceituna negra en Agro Sevilla.

Línea de procesado de aceituna negra en Agro Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

La victoria judicial de la patronal Asemesa en su lucha para eliminar los aranceles del 34,75% a la aceituna negra en EEUU es importante, pero sólo es un pequeño paso de una larga batalla jurídica que está suponiendo un agujero económico para las arcas de las empresas involucradas.

Las tres firmas que litigan –Ángel Camacho, Aceitunas Guadalquivir y Agro Sevilla, las tres sevillanas– llevan gastados ya 5,2 millones de euros y prevén, como mínimo, 2,2 millones más para este año, por lo que la cantidad ascendería a 7,4 millones. Estas cantidades podrían ampliarse si hay requerimientos técnicos o si, por ejemplo, hay nueva visita de inspectores norteamericanos a España. "En ese caso, el gasto se doblaría", afirma Antonio de Mora, director-gerente de Asemesa.

En ese contexto, el sector español ha reducido las ventas del producto un 54% desde la aplicación de los aranceles y ha perdido gran parte de la cuota de mercado en EEUU: del 34% en 2017 al 17% el año pasado.

Rayo de esperanza

Hace unos días, el Tribunal Federal de Comercio de los EEUU falló en favor de los industriales españoles y resolvió que las tarifas debían de bajar al 20%. El recurso de Asemesa se refería al procedimiento antisubvención, aquel según el cual las empresas se habían beneficiado de ayudas públicas de forma ilegal, lo que que acabó con una penalización arancelaria del 14,75%.

Pero el falló no es de aplicación inmediata y el definitivo puede demorarse "ocho, nueve o doce meses", según Antonio de Mora. El juez ha dado 90 días a las partes para que presenten alegaciones. Si, tras las nuevas argumentaciones, el magistrado no rectifica y mantiene el fallo favorable a la industria española, se da por seguro que la Administración Trump recurrirá y eso demorará la resolución definitiva unos meses.

Por lo que respecta al procedimiento antidumping –que motivó un arancel del 20% al considerarse que las empresas españoles vendían por debajo de un precio razonable del mercado– Asemesa decidió no recurrir por la vía judicial por consejo de los abogados y solicitó en octubre de 2019 la revisión administrativa, algo posible tras un año de aplicación de aranceles.

En este caso, el Departamento de Comercio analiza si el dumping continúa dándose o no, "según los criterios de ellos, claro, porque según los nuestros los precios son más baratos porque somos más eficientes", señala De Mora. "Es un tema muy difícil porque no necesitan de 100 operaciones para determinar que hay dumping, con tres, cuatro o cinco les basta; por eso las empresas están monitorizando todas las muestras y cuando observan que hay alguna susceptible de dumping según sus criterios aportan la documentación justificativa", dice De Mora. El tiempo máximo que tienen las autoridades norteamericanas para resolver sobre este tema es de 18 meses, lo que no invita a pensar que una salida exitosa esté cercana.

OMC

La tercera pata del litigio es la de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hace justo un año, la Comisión Europea presentó formalmente el recurso y ahora se está a la espera de que el panel de expertos que se ha constituido al efecto emita su informe, algo que podría suceder en unos meses. El problema, para que el asunto de la aceituna negra se resuelva pronto, es que el órgano de solución de diferencias, que es el que debe decidir a partir del informe del panel, está bloqueado por Estados Unidos por motivos políticos. Mientras esto no se resuelva, la OMC es una vía muerta para los intereses de las envasadoras aceituneras españolas.

Asemesa insiste en que falta "voluntad política" en las instituciones europeas, nacionales y autonómicas para compensar al sector por el daño sufrido. "Cuando se habla de crisis de mercado –la herramienta que podría activar una compensación– siempre miran desde los ojos de los agricultores y no del de la industria, pero que me digan si perder más del 50% de las ventas en un país no es una crisis de mercado", afirma Antonio de Mora. Hasta ahora, el apoyo se ha reducido a lo técnico –algo de lo que no hay queja por parte de Asemesa– y a dos subvenciones del Gobierno central de 300.000 euros en 2018 y de 150.000 en 2019 para los litigios jurídicos.

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