Veintiún países, incluida España, rechazaron ayer el uso de la "reserva de crisis" comunitaria, que se nutre de los pagos a los agricultores, para financiar las ayudas a los productores afectados por el veto ruso a las importaciones de frutas y hortalizas desde la Unión Europea.

El asunto se trató ayer lunes en Bruselas en un Consejo de ministros de Agricultura donde se presentó una declaración conjunta firmada por 19 países (España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa y Rumanía), a los que se sumaron después Polonia y Eslovenia.

La oposición se tradujo en una carta que el ministro italiano de Agricultura, Maurizio Martina -cuyo país preside la Unión Europea este semestre- se comprometió a trasladar a los titulares de Finanzas de los Veintiocho, que a finales de semana abordarán el cierre del presupuesto comunitario para 2015. En ella se insiste en que la crisis causada por el veto no ha sido provocada por el mercado agrícola, sino que se debe a una crisis política, de la que los productores europeos están sufriendo las consecuencias, en alusión al conflicto en Ucrania. De esa manera, se pide que el sector no se vea "penalizado" por lo ocurrido.

El nuevo comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, recordó a los ministros que los que negocian el presupuesto de 2015 son el Consejo (Estados miembros) y el Parlamento Europeo, instituciones a los que les correspondería estudiar cualquier eventual cambio, indicaron fuentes europeas.

El origen del problema se remonta a mediados de octubre cuando, en contra de lo que había anunciado en un primer momento, la Comisión Europea propuso que las ayudas destinadas a los agricultores frente al boicot ruso fueran financiadas con cargo a la reserva de crisis de la Política Agrícola Común (PAC).

La reserva de crisis agrícola cuenta con 432 millones de euros anuales y, si se deducen las ayudas para compensar el veto ruso, cifradas en 344 millones, sólo habría disponibles 88 millones para hacer frente a las crisis que pudieran afectar al sector el próximo año.

La ministra española de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, dijo que España hará todo lo posible para evitar el uso de esa reserva y se mostró confiada en que una amplia mayoría de países logre "dar la vuelta a la propuesta de la Comisión". Fuentes europeas consideraron que la declaración de los ministros constituye "un fuerte mensaje" al Consejo y al Parlamento. El documento pone de relieve la "preocupación" por "la situación de importantes sectores agrícolas europeos", ya que "pese a las medidas adoptadas en los últimos meses, las condiciones económicas de algunos de los mayores productores de frutas y hortalizas son todavía complicadas".