El campo ve "muy perjudicial para Andalucía" la primera propuesta del Gobierno sobre la PAC
Asaja, COAG y Cooperativas creen que la propuesta de reducir las regiones productivas a entre cuatro y veinte deja un margen "nulo" para la negociación
UPA se vuelve a desmarcar de la unidad de acción, aunque califica el documento de "poco ambicioso" por no definir los pagos redistributivos y el 'capping'
Apenas unos días después de que Europa haya cerrado la nueva Política Agraria Común 2023-2027 comienza la batalla interna, la más importante, porque en esta ocasión la UE deja un amplio margen a los estados para definir su modelo. El primer 'round' tendrá lugar en la conferencia sectorial de autonomías que se celebrará previsiblemente la semana que viene.
Este mismo jueves, las organizaciones andaluzas han criticado con dureza el primer documento o borrador de Plan Estratégico, un texto que, a su juicio, es indefinido y deja muchos puntos abiertos. Y los que concreta, dicen, perjudican al sector agrario andaluz.
Al menos esa es la tesis de Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, que en una nota conjunta califican el documento de "endeble, que no aporta nada" y de "cheque en blanco muy perjudicial para Andalucía". La otra organización agraria, UPA, vuelve a desmarcarse de la unidad de acción -ya lo hizo en abril tras ser elegido secretario general Cristobal Cano- y emite un comunicado propio en el que en cualquier caso también es muy crítica con el Ministerio, al calificar el texto de "poco ambicioso".
La Junta pide que se defina con claridad el modelo
La primera toma de contacto entre autonomías tuvo lugar este miércoles, con la reunión de los secretarios generales técnicos. Por parte de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, secretario general, afirma que el documento del Gobierno no deja claro cuál es el modelo que quiere implantar y pide estudios de impacto de las medidas propuestas para que los consejeros puedan acordar decisiones con garantías. "No estamos dispuestos a firmar un cheque en blanco", recalca en una nota remitida por la Consejería de Agricultura. Respecto a la regionalización, Pérez afirma que la Junta está dispuesta a ceder en una reducción del 50% de las regiones (serían 25), pero no a "un cambio rotundo en el que los agricultores andaluces salgan perjudicados en favor de otras comunidades autónomas". Pide, además, 'ecoesquemas' flexibles y fáciles de cumplir y que estén incluidos per se el olivar tradicional, la ganadería extensiva y la actividad agraria ecológica. La Junta recuerda al Gobierno que el acuerdo alcanzado en Europa permite aplicar el actual modelo andaluz sin cambios sustanciales.
Asaja, COAG y Cooperativas inciden en el modelo de regiones productivas. Cada una de estas regiones determina el importe que debe recibir el agricultor por hectárea y el Ministerio quiere rebajarlas de las 50 actuales a entre cuatro y veinte, lo que, según el sector "representa un gran recorte que perjudicaría gravemente a la diversidad productiva andaluza". La reducción afecta, sobre todo, a los que perciben derechos más altos -más comunes en Andalucía- al tener que aplicársele una mayor convergencia para llegar a la media de una región (a más regiones menos convergencia, ya que los derechos son más homogéneos, y viceversa). Pese a que la propuesta limita esta convergencia en el 85% de la media de la región, las organizaciones consideran que "el máximo propuesto por el Ministerio es un número ya excesivamente bajo. El margen de negociación es nulo en este aspecto".
También exigen que, a la hora de aplicarse los ecoesquemas, el Gobierno "respete la diversidad productiva" de Andalucía y piden que se concrete el reparto de los fondos de desarrollo rural -no se hace en el documento- para que se refleje el peso agroalimentario andaluz.
UPA, por su lado, pone el foco en la defensa de la agricultura familiar y reprocha al Gobierno que en el documento no defina "cómo se hará el pago redistributivo, cómo será el techo de ayudas ni qué cultivos vulnerables estarán dentro de las nuevas ayudas asociadas". UPA ve necesario que el Ministerio concrete que el 20% del presupuesto de las ayudas directas irá a las pequeñas explotaciones -como prometió el ministro Luis Planas hace unos meses-, que se defina con claridad el techo de ayudas y que se incluya al olivar tradicional dentro del listado de cultivos con ayudas asociadas. Además, pide no excluir de las subvenciones a los que actualmente perciban menos de 500 euros.
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