Gastado el último cartucho que quedaba para pactar una reforma del maltrecho mercado laboral con sindicatos y patronal, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta al peligro de una posible huelga general.

El jefe del Ejecutivo anunció a principios de mes que de llegarse al punto al que se llegó de madrugada, cuando gobierno, sindicatos y patronal se levantaron de la mesa de negociación sin haber logrado un consenso, impondría la reforma por decreto en un consejo de ministros extraordinario fijado para el próximo miércoles. Y los sindicatos dijeron que si eso ocurría y se lesionaban los intereses de los trabajadores convocarían a la huelga general.

El paro, pues, parece probable, sobre todo teniendo en cuenta que los puntos del documento del gobierno que se han ido conociendo no están en consonancia con lo que piden los sindicatos. Desde Italia, donde se reunió con el Papa Benedicto XVI y con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, Zapatero defendió la necesidad de emprender la reforma, pero también lanzó frases que podrían interpretarse como un intento de tranquilizar a los sindicatos, que aunque han amagado una y otra vez con el fantasma de la huelga no parece que terminen de decidirse por ella.

"El gobierno quiere reducir el coste del despido sin que los trabajadores pierdan derechos", aseguró Zapatero. El objetivo del Ejecutivo es poner fin a la temporalidad en los contratos y que "la contratación indefinida sea la norma", añadió. La huelga general podría convertirse en una estocada, si no final, sí muy certera, a Zapatero y su gobierno, que atraviesan sus momentos más bajos desde que llegaron al poder en 2004. Eso sí, siempre que la huelga fuera exitosa. Y las garantías del éxito no están muy claras en este momento, pese al descontento de los españoles con su drástico plan de ajuste para reducir el abultado déficit público, que incluye el primer recorte en gasto social en seis años de Ejecutivo socialista.

Los dos grandes sindicatos, que en estos tiempos de crisis económica que atraviesa España tampoco salen bien parados en la percepción que de ellos tienen los ciudadanos, fracasaron esta misma semana en la huelga a la que convocaron a los empleados públicos por el recorte de sueldos aprobado por el gobierno como parte de su plan para rebajar el déficit público español (11,2 por ciento en 2009).

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) negaron que se tratara de una prueba de cara a una posible huelga general. Pero la opinión pública sí lo pensó. Y también el sindicato de funcionarios CSI-CSIF, que se había unido en la convocatoria de ese paro y después del mismo rompió relaciones con las centrales sindicales. "Han utilizado la huelga para sus intereses en la negociación de la reforma laboral", dijo su secretario de acción sindical, José Ramón García, quien admitió que la cifra de participación que dieron las centrales sindicales, del 75,3 por ciento, estaba "hinchada". El Gobierno habló de un seguimiento del 11,85 por ciento. Y la valoración mayoritaria fue la del fracaso del paro.

Cada vez que los dos principales líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han amenazado con la convocatoria de una huelga general, han admitido de una forma u otra que no desean llegar a hacerlo. ¿Contradicción? No del todo. Las fechas actuales no son las más propicias para la convocatoria de un paro de esas características. Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. De hecho, una parte de los españoles las comienza ya en junio. Julio y agosto son los meses tradicionales de descanso estival en España. Y convocar una huelga general para septiembre quitaría mucha fuerza a la medida. Sólo podrían pues hacerlo en lo que queda de mes de junio.

Además, la propia situación en la que se encuentra España muestra la necesidad de llevar a cabo la reforma del mercado laboral, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de desempleo, superior al 20 por ciento, con la que el país cerró el primer trimestre de este año. Tanto la Unión Europea (UE) como otros organismos internacionales han urgido a España a acometerla. "Tenemos un modelo laboral y económico que, cuando hay una crisis, provoca altísimo desempleo y excesiva temporalidad", explicó Zapatero en Roma. "Tenemos que hacer la reforma laboral, y la vamos a hacer. Va a ser una reforma laboral sustancial, y confío en que tendrá un amplio respaldo en el Parlamento".