Estas son los principales argumentos y compromisos consensuados por el Gobierno y las comunidades autónomas en el documento aprobado por unanimidad durante la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado:

-El Gobierno y las comunidades y ciudades autónomas coinciden en la "gravedad" de la crisis y creen que la falta de políticas de crecimiento de la UE "lastra" la salida de esta situación.

-Advierten de que las comunidades autónomas "no son el problema, sino parte de la solución", que debe buscarse desde un "clima de colaboración y lealtad institucionales".

-Comparten que el objetivo prioritario y esencial de todas las Administraciones Públicas es volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo, como garantía del Estado del Bienestar.

Por eso acuerdan:

1. Su compromiso con la consolidación fiscal, "imprescindible" para recuperar la confianza en la economía, y apuestan por políticas que permitan aumentar la competitividad y asegurar la financiación de las políticas sociales y de los servicios públicos. Coinciden en la necesidad de dar cumplimiento a los grandes compromisos asumidos en Europa, como las obligaciones del Pacto Fiscal europeo (reducción del déficit), así como las recomendaciones específicas para España.

No obstante, "constatan" que las comunidades autónomas han visto disminuidos los recursos que prevé el sistema de financiación por la caída de los ingresos públicos, que invita a una "reflexión sobre el sistema tributario" para hacerlo "más eficiente y equitativo". Entienden que la ley que regula la financiación autonómica marca los plazos para su análisis y que corresponde al Comité Técnico Permanente de Evaluación hacerlo, para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) tome, en su caso, la decisión oportuna. Además, acuerdan que el CPPF establecerá un procedimiento de cara al año próximo para determinar los criterios de reparto de los objetivos de déficit entre las distintas administraciones.

2. Comparten que son imprescindibles medidas que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo y entienden que para mejorar la competitividad de la economía debe haber un "incremento duradero" de la productividad a través de la inversión en I+D+i y, sobre todo, en educación. Por eso se comprometen a intensificar la colaboración para impulsar las reformas. En particular, ven necesario evaluar las políticas activas y pasivas de empleo y mejorar la coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos (SPEA), por lo que crearán un grupo de trabajo con este cometido. También constituirán otro grupo de trabajo que elabore un programa de racionalización administrativa para eliminar trabas burocráticas, simplificar normativas y evitar duplicidades, todo con el objetivo de favorecer la iniciativa empresarial y la inversión.

3. Apoyan las reformas estructurales en Europa a las que se comprometió el Consejo Europeo del pasado mes de junio en el marco del Pacto por el Crecimiento y el Empleo. Creen que son urgentes políticas comunitarias orientadas a la creación de empleo, con especial atención al desempleo juvenil y de los trabajadores de más edad. También piden un marco presupuestario que permita una "financiación suficiente" de la Política Agrícola Común y un nivel de recursos "adecuados" en la Política de Cohesión, que atienda especialmente a las regiones en transición y ultraperiféricas, y tenga un "tratamiento especial" con la insularidad y las ciudades autónomas.

4. La actual tensión financiera y las dudas sobre la viabilidad del euro hacen necesaria la disponibilidad de instrumentos -como el Banco Central Europeo- que garanticen el acceso a una financiación adecuada, no solo a las Administraciones Públicas, sino también al sector privado, con especial consideración a las pequeñas y medianas empresas.

5. Gobierno y comunidades constatan que la crisis ha puesto de relieve las "deficiencias" de la arquitectura institucional de la Zona Euro y respaldan la iniciativa del Consejo Europeo de junio de avanzar "sin reservas" en la integración europea en cuatro ámbitos: unión bancaria, unión fiscal, integración económica y mayor integración política. Y lo creen necesario para que sirva de "marco" para la recuperación económica y la prosperidad futura de España.