España

Púnica: un manual de cómo corromper alcaldes en tiempos de crisis

  • El juez del caso ha reordenado las piezas del caso y ha diseccionado cómo una multinacional corrompió a decenas de cargos públicos durante la mayor crisis económica de la historia reciente de España.

Esperanza Aguirre ha sido de las últimas imputadas en el caso Púnica. Esperanza Aguirre ha sido de las últimas imputadas en el caso Púnica.

Esperanza Aguirre ha sido de las últimas imputadas en el caso Púnica. / EFE

El juez del caso Púnica ha reordenado las piezas del caso con una serie de autos en los que ha radiografiado el funcionamiento de la caja b del PP de Madrid, pero también ha diseccionado cómo una multinacional corrompió a decenas de cargos públicos durante la mayor crisis económica de la historia reciente de España.

Porque el juez Manuel García Castellón -como su antecesor Eloy Velasco- cree que Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, alentó, promovió y apoyó los tratos de corrupción y "puso precio a la función pública" para conseguir contratos multimillonarios, modificar baremos y adaptar pliegos.

La investigación sacó a la luz un patrón de funcionamiento aplicado en múltiples municipios y el juez lo ha puesto negro sobre blanco en un auto al crear una pieza dedicada a esa empresa, cuyos principales responsables, con el director general, Didier Maurice, al frente figuran entre los 57 investigados.

Porque, pese a que la empresa contaba con un estricto código ético, sus altos directivos y profesionales de su plantilla se corrompieron en su "búsqueda feroz" de nuevos contratos.

La información no es nueva, pero el juez recuerda varios ejemplos de los tentáculos de la red.

Presuntamente, el ex alcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada recibió de Cofely 30.000 euros; el de Alcalá de Henares Bartolomé González, 60.000; el de Serranillos del Valle Antonio Sánchez había pedido 25.000; el de Collado Villalba Agustín Juárez tenía comprometidos otros 400.000; el de Parla José María Fraile pactó 500.000, y en Almendralejo iban a repartirse supuestamente otros 180.000.

Todo ello en 2012, 2013 y 2014, cuando la crisis provocó recortes en la prestación de servicios de todas las administraciones y con contratos centrados precisamente en planes de eficiencia energética.

En 2012, Cofely contrató a David Marjaliza, principal acusado de la Púnica junto al exconsejero madrileño Francisco Granados. Le pagaba 1.500 euros al mes y una variable de hasta 155.000 euros a cambio de que les consiguiera contratos. Tan bien les fue que para el 2014-2015 revisaron el contrato: la variable ya alcanzaba los 5,5 millones de euros.

El principal acusado procedía de la empresa Dalkia, la misma desde la que llegaron Constantino Álvarez (director comercial), Pedro García (responsable del sector Terciario Público) y Gaela Hamon (departamento de Back Office).

Marjaliza ya tenía montada su red de influencias de sus tiempos de promotor urbanístico, así que solo tuvo que ponerla al servicio de Cofely para crear lo que el juez califica de "mercadeo de favores, comisiones, regalos y recompensas para ganar los concursos y adjudicaciones que se licitaban".

Todos los contratos incluían cláusulas para abonar partidas "sospechosas" a terceras empresas. De hecho, al principio directamente las llamaban "comision fee", si bien luego optaron por denominaciones menos evidentes como "comisión de éxito, gestión de proyecto, control de auditoría".

En realidad, se trataba de desviar fondos a Construcciones y Reformas de la Peña, de Eduardo de la Peña, presunto testaferro de Marjaliza. Las "auditorías" se pagaban a otras dos empresas y, mediante facturas falsas, finalmente parte del dinero llegaba a los cargos públicos que les favorecían en las adjudicaciones.

El juez detalla un "patrón de comportamiento similar" en todos los casos, siempre con ayuda del alcalde o concejal de turno, de modo que "la infiltración llegó a ser total en la mayoría de los ayuntamientos", aprovechándose de la escasez de los recursos técnicos que tienen para estudiar los contratos.

Los ayuntamientos contrataban trabajos de asesoría con empresas del círculo de confianza de la trama y esos informes llegaban (cuando no los hacía directamente) a Cofely, que los utilizaba para hacer sus recomendaciones a los responsables municipales.

También conocían antes que los competidores todos los datos, imponían el precio de los presupuestos y conseguían "pliegos ad hoc" que les beneficiaban.

Una de sus artimañas era restar valor a las ofertas económicas e imponer un sistema en el que primaban los criterios subjetivos, lo que impedía que sus competidores pudieran competir.

También engañaban al Departamento de Compras de Cofely mediante ofertas simuladas de subcontratistas y proveedores. Era clave la colaboración del Departamento de Service para liberar los pagos a las empresas del círculo de Marjaliza a través de las que se canalizaban las dádivas a alcaldes y concejales.

El juez tiene claro que todas sus "argucias" buscaban que todo el dinero (incluidas las comisiones que pagaban) saliera del erario público. De hecho, las comisiones corruptas ya se incluían camufladas en el proyecto que aprobaba el propio ayuntamiento.

Según la documentación policial, la suma de los pagos realizados por las empresas instrumentales en esos tres años rondó los 2,5 millones de euros y crecía de forma exponencial: 180.000 en 2012, 721.319 en 2013 y 1.456.526 en 2014, año en el que se desarticuló la trama.

A su vez, tres de esas empresas recibieron pagos por importe de casi 2 millones de euros en esos tres años.

El auto detalla cómo este método de funcionamiento se aplicó o intentó aplicar en los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco, Parla, Moraleja de Enmedio, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles, Alcalá de Henares, Casarrubuelos, Brunete y Serranillos del Valle y del extremeño de Almendralejo.

En casos como Móstoles, la profesionalidad de los técnicos fue "una barrera que no pudieron sortear" pese a la complicidad del alcalde y del concejal de Medio Ambiente. Finalmente lo que hicieron los cargos públicos y Cofely fue socavar la oferta de la competencia. El proyecto fue de 73 millones por 15 años.

Es solo un ejemplo de cómo una empresa corrompió a decenas de cargos públicos de diferentes partidos (mayoritariamente del PP) en los años más duros de la crisis.

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