Luchas entre partidos, quejas de Europa, dos presidentes interinos y decenas de cargos sin nombrar. Este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple cinco años sin renovarse, lo que equivale a un mandato del organismo. Es la primera vez en democracia que el órgano de gobierno de los jueces está vigente durante tres legislaturas.

Según marca la Constitución, el CGPJ debe renovarse "en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución". Esta renovación la realizan el Congreso y el Senado, que eligen entre jueces y juristas de reconocida competencia –para lograrlo hace falta que cada candidato obtenga el apoyo de tres quintas partes de la Cámara–. Una vez son elegidos, estos escogen a su presidente en el Pleno de constitución del Consejo.

El problema es que la falta de acuerdos entre los dos principales partidos hace que el organismo lleve bloqueado desde 2018. Esta es la tercera ocasión la que el CGPJ ha tenido que trabajar en funciones por la falta de un acuerdo entre el PP y el PSOE. En 1996 estuvo bloqueado durante ocho meses y en 2008, durante un año y 10 meses.

En funciones

En la actualidad, el CGPJ tiene a su segundo presidente interino, Vicente Guilarte, que llegó a la presidencia tras la jubilación del también presidente interino, Rafael Mozo. Además, la situación de interinidad que vive el organismo hace que las salidas no pueden subsanarse por lo que con dos dimisiones, dos jubilaciones y un fallecimiento, en lugar de 20 miembros y un presidente, el organismo tiene 16 vocales y a Guilarte.

Las acusaciones entre PP y PSOE por la falta de un pacto han sido constantes desde 2018, ambos partidos se culpan mutuamente de no haber podido alcanzar un acuerdo. Aunque el año pasado se produjo un acercamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el popular canceló las negociaciones. Entonces, el líder del PP aclaró que lo hacía para “proteger el Poder Judicial”, del Gobierno de Sánchez.

El propio presidente del órgano judicial se ha ofrecido a mediar entre ambas formaciones para poder desbloquear la situación. De hecho, el magistrado ha repetido en numerosas ocasiones que su principal objetivo es conseguir la renovación y que la Justicia siga su curso. "Hay que seguir, hay que estar intentando renovar, hay que pretender que ayude todo el mundo, que se baje un poco la tensión y que se renueve", dijo este viernes Guilarte. "Lo estoy intentando y no es fácil", señaló y añadió: "A ver si alguien se pone las pilas para conseguir que esto se acabe... Alguien, el que debe. Yo lo intento".

Propuestas

En 2022, los vocales del órgano calculaban que podría haber una renovación de cara a 2024. Había esperanzas dentro del propio CGPJ de que la opinión del PP pudiera cambiar y se volviera a la senda constitucional en este aspecto. Sin embargo, el triunfo de Sánchez tras las elecciones del 23-J alejó estas ilusiones.

Esta semana, en una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno anunció que iba a llamar al líder de la oposición para intentar alcanzar un acuerdo. Sánchez aseguró que no va a "alterar las mayorías" del órgano para intentar convencer a los populares. El CGPJ cuenta en estos momentos con 10 vocales conservadores propuestos por el PP, seis progresistas del PSOE, y Guilarte, que también es conservador. Aún así, Feijóo dejó claro durante la sesión de investidura que no llegaría a ningún acuerdo "con este PSOE". De hecho, este mismo viernes, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró que el presidente "no dice la verdad" cuando habla de renovar el organismo y que lo que en realidad quieres es "controlarlo", según él.

Además, desde del PP quieren cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo. Los populares proponen una fórmula por la que "los jueces elijan a los jueces (12) y los juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes Generales (ocho)". Lo cierto es que la Comisión Europea a pedido a España que cambie el sistema de elección para darle mayor autonomía al Poder Judicial, pero que se haga una vez se haya renovado el Consejo.

Críticas de la UE

Desde Bruselas, las reprimendas a España por no cumplir esta orden constitucional se han incrementado en el último año. Pese a que la Comisión Europea ya había llamado la atención a España en ocasiones anteriores, en 2023, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha reclamado a España la renovación en hasta cinco ocasiones, la última de ellas ha sido esta semana durante la visita del ministro de Justicia, Félix Bolaños a Bruselas.

Y es que el bloqueo no solo supone la caída del prestigio de la Justicia española, además, crea un problema en el Poder Judicial. Al estar en funciones, el CGPJ no puede nombrar cargos por lo que el bloqueo se extiende a todos los ámbitos de la Justicia. Si bien es cierto que el 27 de diciembre de 2022 lograron llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional, aún quedan más de 80 cargos vacíos por culpa del bloqueo. La situación es especialmente tensa en el Tribunal Supremo, que cuenta con una veintena de vacantes y cuyos cargos son vitalicios.

Pese a las presiones de los magistrados y las instituciones europeas, la situación no parece que vaya a cambiar próximamente. La polarización entre el PP y el PSOE, especialmente en los temas relacionados con la Justicia, es cada vez mayor y no parece que ninguno vaya a dar su brazo a torcer.