El ex directivo de Acciona admite reuniones con Cerdán como "agente social" navarro y niega irregularidades en los pagos a Servinabar

El ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini ha negado en el Tribunal Supremo toda irregularidad en los contratos con Servinabar asegurando que se prestaron "servicios reales" con esta empresa vinculada al ex dirigente socialista Santos Cerdán, con quien ha dicho que se reunió por ser un "agente social" navarro.

Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona en España, Portugal y África, ha comparecido como investigado ante el juez Leopoldo Puente en la causa abierta por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública que mantiene como imputados al exdirigente socialista Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García, estos dos en prisión preventiva.

En su interrogatorio, ha defendido que los pagos a Servinabar -cuyo 45% de acciones se atribuye a Cerdán y que administra Antxon Alonso, también investigado- eran por servicios reales de prevención de riesgos laborales, que los trabajos existieron y que, por tanto, no eran ficticios, pudiendo justificarlo todo con facturas.

Igualmente, ha negado que se pagaran comisiones ilegales a Servinabar, al afirmar que no se abonaba a esta empresa navarra un porcentaje fijo del 2%, sino que ese era el límite por los servicios prestados y que si se superaba, era por anomalías en la obra.

Pelegrini y su subordinado, Tomás Olarte, que también ha declarado, aparecen en el último informe policial que revela que la "principal fuente de ingresos" de Servinabar fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 % de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas, "estaría articulada personalmente" por Cerdán, Alonso y Pelegrini, después de que estos dos últimos firmasen un "acuerdo de colaboración" entre ambas empresas en 2015, que el exdirectivo de Acciona ha enmarcado en algo "dentro de la normalidad".

Admite reuniones con Cerdán por ser un representante político y un agente social navarro

Al respecto, ha señalado que conoció a Cerdán porque cuando se hizo el primer proyecto conjunto de Mina Muga en 2015 necesitaba tomar el pulso e intercambiar impresiones sobre el sector por tratarse de un representante político y un agente social navarro.

Sí que ha admitido que tenía mucha relación con Antxon Alonso y que a veces a esas reuniones en Madrid se sumó el exdirigente socialista porque era amigo de Alonso, administrador de Servinabar.

Cerdán se unía a estos encuentros para saber el impacto de las obras e inversiones en Navarra, donde era diputado autonómico, con especial atención a Mina Muga, que no se cerró hasta mayo de 2019, con Ábalos ya en el Ministerio, ha asegurado las fuentes.

Tras él, ha declarado quien fuese su subordinado, Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción y actualmente suspendido, que ha reconocido que firmó algunos contratos con Servinabar porque tenía que hacerlo, sin dar más detalles.

Retitada del pasaporte

El magistrado Leopoldo Puente ha prohibido salir del país a Pelegrini, y a Tomás Olarte, ex director de la zona norte de la compañía, al tiempo que les ha retirado el pasaporte y les ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial, como había soclicitado la Fiscalía Anticorrupción, por su presunta vinculación con los amaños de obra pública que se investigan en el caso Koldo.

Según el magistrado, Pelegrini "confiaba" en que las adjudicaciones futuras que conseguirían presuntamente se producirían "a medio de la indebida influencia" que desplegaría Santos Cerdán sobre otros investigados en esta causa que ocupaban cargos públicos. Y a cambio, Servinabar "percibiría la correspondiente prestación económica".

Además de Santos Cerdán, en esta pieza del denominado caso Koldo están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García -ambos en prisión preventiva desde la semana pasada- y varios empresarios.

El magistrado subraya que "un significativo número de obra pública resultó finalmente adjudicado" a Acciona, que actuó en unión temporal de empresas con otras compañías. Entre ellas no estaba directamente Servinabar, que suscribía después los correspondientes contratos de prestación de servicios con la constructora y obtenía "un beneficio calculado del 2 %" del total del proyecto.

Reuniones con Santos Cerdán

Como hizo la UCO en su informe, el juez menciona las reuniones mantenidas entre el exdirectivo de Acciona, Cerdán y el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, donde adoptaban "medidas de seguridad": alguna se mantuvo en un piso alquilado para tal fin, usaban una aplicación de mensajería determinada, apagaban sus móviles o se mostraban en pantalla determinados documentos.

Respecto a Olarte, habría suscrito en 2018 "actuando en nombre" de Acciona un memorándum de entendimiento con Servinabar para desarrollar una oportunidad de negocio en la A-68, variante de Logroño Arrubal-Navarrete y Antxon Alonso se dirigió a él para reclamar los pagos comprometidos por dicha obra. La empresa navarra percibió de forma anticipada unos 600.000 euros, según el juez.

Además, el magistrado señala que el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, también investigado, estaba "directamente sujeto a las órdenes y supervisión de Olarte" y fue quien trató el tema de Logroño con el exasesor Koldo García, quien recibió un mensaje del entonces director general de Carreteras cuando la obra fue adjudicada a Acciona: "Bingo en Logroño".

Con todo, el juez considera "precisas" y "plenamente proporcionadas" las medidas cautelares impuestas a ambos investigados para evitar que puedan sustraerse de la Justicia, "a la vista de las graves responsabilidades penales" que pudiesen acarrear.