Los juristas rechazan legalizar las devoluciones 'en caliente'

Las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla que pretende legalizar el Gobierno no chocan sólo con los tratados internacionales, según algunos juristas, sino que no pueden ser tan inmediatas puesto que incumplen con el derecho a ser escuchados antes de "sacarlos por la puerta de atrás".

Más allá de la cuestión semántica sobre la conveniencia de optar por "devolución en caliente" o "rechazo en la frontera", algunos juristas sostienen que en ambos casos el objetivo es el mismo: expulsar con carácter inmediato a los inmigrantes que intenten entrar de forma irregular en España.

Pero la rapidez a la hora de ejecutar la devolución resulta "incompatible" con el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes; es decir, a ser escuchados antes de ser devueltos. "No se puede devolver por la vía rápida a nadie que está en suelo español, ya que hay que analizar cualquier solicitud de asilo que se pueda dar", asegura el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, cuya reflexión comparte Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). "Todas las personas que cruzan ilegalmente una frontera tienen unos derechos con una serie de garantías", explica.

"Al saltar la primera valla el inmigrante ya entra en España y por tanto hay que hacerle un expediente individual con abogado y dictar una resolución recurrible", explica Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía.

Otros juristas como Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, sostienen que las devoluciones son perfectamente legales y han existido siempre, si bien reconoce que "no tenían cobertura legal porque no hacía falta".