La UE pospone la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego ante las dudas de varios países

El Consejo de Asuntos Generales de la UE ha acordado este martes posponer la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas, según confirmaron diversas fuentes diplomáticas.

Una decena de países pidieron expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, decidió aplazar la cuestión para más adelante.

En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado los contactos con sus socios europeos e intentará hasta el último momento conseguir el respaldo unánime que necesita su petición, según ha dicho este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El Gobierno ha venido manteniendo en todo momento que la oficialidad de catalán, euskera y gallego es una prioridad y Albares ha dicho en repetidas ocasiones que no van a renunciar a este objetivo. La petición, formulada en agosto de 2023, es resultado del acuerdo alcanzado con Junts para que los de Carles Puigdemont avalaran la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y allanaran así un nuevo mandato de Pedro Sánchez en Moncloa.

Para tratar de vencer las reticencias que a día de hoy siguen teniendo varios socios para que la UE pase de 24 a 27 lenguas oficiales, el Gobierno ha introducido cambios en su propuesta inicial, que se remonta a agosto de 2023.

Así, España prevé que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.

España, además, insiste en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.

Sin embargo, varios Estados miembro como Suecia, Finlandia o Austria han expresado sus dudas legales del servicio legal del Consejo y de varios socios que, no obstante, son conscientes de que el Gobierno español está "gastando mucho capital político" para lograr esta reforma.

El ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, apuntó que hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.

En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, aseguró que "Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes.

También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, subrayó que "aún hay cuestiones legales y sobre los costes", un mensaje que también trasladaron Croacia y Hungría.

El ministro delegado de Asuntos Europeos de Francia, Benjamin Haddad, señaló que su país quiere "encontrar una solución, (...) pero se tiene que hacer con consenso y con el respeto del derecho y los textos europeos".

La viceministra de Asuntos Europeos chipriota, Marilena Raouna, defendió la necesidad de que la propuesta "se haga de una forma legalmente sólida y que no cree un precedente".

Chipre, que teme que la minoría turca pueda reclamar la oficialidad de su idioma, señaló que la petición de España "es una situación diferente, pero también es importante que no cree un precedente".

"Dinamarca no se opondrá para lograr un consenso sobre esta cuestión. Si hubiera un voto, votaríamos que sí", manifestó, por contra, la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, que, junto a Eslovenia, fueron los dos únicos países que expresamente mostraron hoy su apoyo a la propuesta española.

El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE y organiza, por tanto, las reuniones de ministros, aseguró a su llegada hoy al Consejo de Asuntos Generales de la UE que habrá "una decisión" sobre la cuestión, lo que no implica que se vaya a votar la propuesta.