La piedra de toque de Zapatero

EL viernes, lo ha dicho Zapatero, el Consejo de Ministro aprobará su nuevo modelo de pensiones, con un punto, lo ha dicho Zapatero, inamovible: la edad de jubilación se retrasa a los 67 años. Se hará de forma gradual, dos meses cada año, de manera que se podrá aplicar exactamente a los 67 a partir de 2023.

La insistencia con que lo ha dicho Zapatero es porque en estos momentos nada de lo que diga ningún dirigente del PSOE, e incluso del Gobierno, puede considerarse inamovible. Es más, algún miembro de la oposición asegura que tampoco la palabra del presidente es dogma de fe, se contradice o pide a alguno de sus ministros que haga propuestas que revoquen lo que había prometido.

Ese clima de falta de concreción en el que se desarrollan las negociaciones sobre pensiones es lo que ha provocado por ejemplo que se haya dado por buena la noticia de que el Gobierno estaba dispuesto a aplazar el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña a cambio de que los sindicatos aceptaran algunas de sus propuestas sobre pensiones.

Cuando miembros del Gobierno dieron por buena esa versión y públicamente la aceptó el ministro Ramón Jáuregui, los sindicatos se apresuraron a declarar que esa idea era "un disparate". Todo surgió de que en una de las reuniones propusieron que fueran ellos, y no sólo los empresarios, quienes abordaran con el gobierno las reformas relacionadas con el sector energético y empresarial. Lo hicieron dado el elevado número de trabajadores que existen en esos sectores, pero alguno de los interlocutores del Gobierno y del PSOE interpretó que querían salvar los puestos de trabajo de Garoña. De ahí el equívoco, que ha obligado al Gobierno a echar marcha atrás respecto a Garoña. Pero ese episodio demuestra la falta de coordinación entre los negociadores del Gobierno, así como la obsesión de Zapatero de llegar a un acuerdo con los sindicatos a cualquier precio. Porque no tiene más remedio que ampliar la edad de jubilación a los 67 años. Tiene razones para hacerlo que explica con convicción, pero tras ella existe otra más profunda: es un asunto impuesto por la Unión Europea y no está dispuesta a que España no lo cumpla.

Otra de las decisiones de Zapatero que ha causado sorpresa en los negociadores ha sido trasladar a Jesús Caldera la responsabilidad de llevar a buen puerto la negociación sobre las pensiones. En un principio, desde las propias filas socialistas se admitía que era un varapalo para el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pero después se filtró que el trabajo de Caldera se circunscribía al ámbito parlamentario. Es decir, que tendría las funciones que hasta entonces ha tenido la portavoz en la comisión del Pacto de Toledo, Isabel Chamosa, que curiosamente ha logrado importantes acuerdos con los portavoces de los otros partidos en esa comisión, que presentará sus recomendaciones al Gobierno mañana. Por tanto, nadie acaba de entender cuál es el papel de Caldera, aunque es evidente que tiene un mandato del propio presidente del Gobierno.

Deben deducir los negociadores de la oposición qué cuestiones y hasta dónde llegan sus atribuciones. Porque aún se desconocen pero, como decía un portavoz de la oposición, "es uno más que echan al ruedo, y el problema es la falta de coordinación entre ellos. Llegas a un acuerdo con Toño Alonso y luego llega el ministro y lo echa abajo; o Chamosa acepta una propuesta de los partidos de la oposición que luego Alonso no da por buena. Y encima está Rubalcaba dando instrucciones todos los días. En cuanto a Caldera, pues ya no sabemos si es el hombre de Zapatero, de Alonso o de Rubalcaba, y si va a sustituir a Chamosa o a Alonso".

En ese escenario de descoordinación que ha provocado tantos titulares en estos últimos días, tantos equívocos y tantos desencuentros, el Gobierno ha decidido que sean los sindicatos y los empresarios los que negocien entre sí la reforma laboral. En la que también surgieron rectificaciones, porque se había afirmado que el Gobierno había pactado con los sindicatos que aceptaran los 67 años como edad de jubilación a cambio de endurecer las condiciones de despido, excesivamente favorables a los empresarios.

Por tanto, en esta nueva etapa, a no ser que se produzca una nueva contraorden, serán directamente los sindicatos y los empresarios quienes tratarán de llegar a un acuerdo que presentarán posteriormente al Gobierno para su aprobación.

¿Y las pensiones? En la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo son muchas las coincidencias respecto a la nueva política de pensiones, hasta el punto de que se puede afirmar que hay acuerdo de todos los partidos representados respecto a la ampliación de los años de cotización y también respecto al cálculo de la pensión a percibir; pero en cambio el PSOE se ha quedado solo en su empeño de los 67 años, de manera que cuando esa comisión presente públicamente sus recomendaciones, se incluirán varios votos particulares de los partidos de la oposición. El gobierno tendrá de plazo hasta el viernes para incluir en su proyecto algunas de las sugerencias de la oposición, o bien mantenerse en los 67 años pero con excepciones para determinados trabajadores.