La ultraderecha superviviente de los casi 40 años de dictadura que atravesó España ha logrado enviar al banquillo al juez Baltasar Garzón. Los acusados se convierten así en acusadores de quien investigó los crímenes y desapariciones cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

La Falange Española de las JONS, el partido único durante la dictadura de Francisco Franco, es una de las tres organizaciones de extrema derecha que se querellaron contra él, acusándolo de prevaricación en esa investigación. Los otros dos son el autodenominado sindicato Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad. Aunque se presentaron por separado, el juez instructor agrupó las tres querellas en un causa.

A lo largo de los 20 años que Garzón lleva ejerciendo en la Audiencia Nacional española, contra él se han presentado más de 40 querellas. Y ninguna, hasta ahora, había sido admitida a trámite. "Quien va a sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo mató al 98 por ciento de las víctimas que hemos exhumado", asegura sobre Falange Española de las JONS Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

El partido ultraderechista, por su parte, defiende que lo que pretende es salvaguardar su "honor" y el de las personas a las que Garzón imputó crímenes contra la humanidad. Según los querellantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricación. En su procedimiento penal contra el franquismo, el magistrado acusó al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.

En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de las decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país.

La querella inicial contra el magistrado la presentó Manos Limpias. Aunque se autodenomina sindicato, lo cierto es que no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España. La organización ultraderechista está liderada por Miguel Bernad, ex dirigente de Fuerza Nueva, otra formación de extrema derecha. Bernad, funcionario del ayuntamiento de Madrid, se ha querellado contra partidos nacionalistas, formaciones de izquierda y homosexuales. Y hasta contra el programa infantil de televisión Los Lunnis. Contra el juez Garzón ha presentado una veintena de querellas y demandas, todas rechazadas, excepto ésta, por la que el juez Luciano Varela mandará a su colega al banquillo.

Antes de conseguir ese "éxito", el otro logro de Bernad fue que el ex presidente del Parlamento regional del País Vasco Juan Maria Atutxa fuera condenado por el Tribunal Supremo a un año y medio de inhabilitación en cargo público y a pagar 18.000 euros de multa por negarse a disolver Socialista Abertzaleak, una formación heredera de la ilegalizada Batasuna.

Libertad e Identidad, por su parte, es una asociación que defiende ideas xenófobas y ultracatólicas. Presidida por Julio Andrade Ruiz, sostiene incluso argumentos contrarios al Estado de Derecho.

La querella por la investigación de Garzón de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo fue la primera de las tres causas que el Tribunal Supremo admitió a trámite contra él y amenazan ahora la carrera del magistado.

El juez tiene también que enfrentarse, bajo acusación de prevaricación y cohecho, a una segunda causa por unos supuestos pagos que percibió del Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York. A la vuelta de Estados Unidos, Garzón decidió no admitir a trámite una querella contra el presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín. Los querellantes son los abogados Antonio Panea y José Luis Montón. Panea era accionista y abogado de Banesto y no le sentó nada bien la compra de ese banco por el que preside Botín. Montón, por su parte, era amigo y abogado de otro ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, condenado a 10 años de cárcel por el caso Banesto, uno de los mayores escándalos bancarios del país que terminó con la intervención de la entidad por parte del Banco de España. Pérez Escolar fue condenado a 10 años de cárcel por ese caso y al salir de prisión se querelló multitud de veces contra Botín. Una de esas querellas fue archivada por Garzón. Tras la muerte de Pérez Escolar, Montón asumió la lucha de su amigo y cliente como propia.

La tercera de las investigaciones contra Garzón tiene que ver directamente con el caso Gürtel, la trama de corrupción que salpica al Partido Populardesde hace más de un año. En esta causa, en la que de nuevo se acusa al juez de prevaricar al ordenar escuchas en las conversaciones de los acusados en prisión con sus abogados, primero se querelló Ignacio Peláez, ex fiscal del tribunal en el que ejerce Garzón y abogado de uno de los implicados en el escándalo. Después lo hicieron los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama de corrupción, y de otro encarcelado.