El jurado que deberá decidir si la muerte de una mujer de 70 años en agosto de 2019 fue provocada por su yerno ha podido asistir durante la segunda sesión del juicio a un interesante debate donde tres médicos forenses, los dos del Instituto de Medicina Legal y otro contratado por la defensa. Este último ha sido el televisivo José Cabrera, que suele ser habitual del programa Cuarto Milenio. Ambas partes han mantenido posturas diametralmente opuestas.

Mientras que los primeros señalan la asfixia como causa de la muerte de la mujer, Cabrera entiende que murió por una hemorragia causada por la medicación que la anciana tomaba para  la esquizofrenia. Para ello sostiene que la medicación tiene entre los efectos secundarios las hemorragias. Algo que, vademecum en mano, el doctor Serratosa, que además participó en la autopsia de la fallecida, ha matizado como "efecto que aparece muy rara vez" leyendo directamente el prospecto.

En cualquier caso, el debate entre los forenses ha sido prolijo, animado en cierto modo por el letrado de la defensa, Luis Romero, que fue apercibido por el magistrado presidente al interrumpir el interrogatorio de la fiscal al forense que realizó la autopsia. Los peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) señalaron que le cadáver de la mujer presentaba mordeduras de hormigas en cara y brazos y hematomas en la cara. Uno de ellos, en el pómulo, "con forma de arcada que podría ser un bocado".

Uno de los puntos controvertidos fue cuando el doctor Serratosa señaló los cuatro hematomas que la víctima tenía en el cuello "que podrian haber sido causados por dedos". Según los forenses del IML, el cerebro de la víctima presenta varias hemorragias provocadas al aumentar la presión sanguínea por un estrangulamiento. Preguntados por la fiscal, los forenses han asegurado que se ha ejercido "violencia en el cuello", provocando asfixia al no llegar la sangre con oxígeno al cerebro. El doctor Serratosa recordó además que la fallecida estaba bajo los efectos del diazepam en ese momento.

Ahora bien, el centro del debate médico fue la pertinencia o no de haber realizado al cadaver un análisis patológico, algo fundamental según Cabrera y un trámite innecesario para los forenses que habían realizado la autopsia porque la conclusión de los facultativos era "evidente". Tras la declaración-debate de los tres forenses el tribunal jurado tendrá que considerar si la muerte de la anciana fue "natural en un escenario criminalizado" como indicó Cabrera, o producto de un estrangulamiento, como señaló el forense que realizó la autopsia.

Asimismo, durante la sesión uno de los vecinos del acusado y el conserje del edificio donde ocurrieron los hechos declararon que Rafael N. A. "se llevaba mal con varios vecinos" y era un hombre poco amable, aunque el conserje reconoció que nunca oyó discusiones de la pareja.

La hija de la fallecida y pareja del acusado también declaró ante el tribunal del jurado y explicó que su madre y su sobrino llegaron a España en junio de 2018. La mujer admite que las discusiones con Rafael N. eran frecuentes por las escasas dimensiones del apartamento, apenas 50 metros para tres adultos y dos niños. Reconoce que el acusado no quería que todos se fueran a vivir a la casa que tenía en Sevilla Este por si se separaban, para que ella quedara con esa vivienda. La pareja del acusado es extranjera y tiene una hija pequeña con él. Sobre la noche de los hechos ha explicado que se despertó sobre las seis para darle el pecho a la niña y vio a Rafael en la cocina con la luz encendida. Entonces le dijo que su madre estaba con hormigas. Llevaba tres noches así. Cuando terminó de dar el pecho fue al salón y Rafael ya había dado la vuelta a su madre, que estaba muerta.

A preguntas de la defensa ha asegurado que su madre quería suicidarse y ha explicado cómo Rafael cogía a su madre. Primero ha dicho que por las axilas y después que una vez lo vio cogerla de la barbilla para incorporarla.

Por otro lado, uno de los policías que participaron en la investigación señaló que el acusdo quiso dar el niño en adopción y a la abuela llevarla a una residencia, pero todos, incluidos su pareja, estaban en situación irregular en España. Incluso existe un informe de Servicios Sociales que acudió al domicilio por posibles malos tratos al menor. En él se señala que vivían "hacinados en el apartamento" y que Rafael "se negaba a llevar a su hija a la guardería".

Asimismo, declaró que detectaron una relación de desigualdad y dependencia entre el acusado y su pareja, que no tenía dinero. Incluso afirma que hubo un intento de separación por los problemas de convivencia "pero ella se echó atrás precisamente por su dependencia".  El agente ha calificado al acusado como "conflictivo" por los "continuos enfrentamientos con los vecinos, algunos dijeron que le pegaba a la suegra, a la que dejaban al sol sentada en verano".  Es más, añadió que se trata de una persona "fría y calculadora".

Según los agentes, todo cambió después de la muerte de la suegra. La mujer comenzó a trabajar y le sacó una tarjeta bancaria para que pudiera disponer de dinero. "Todas las discusiones cesaron con la muerte de la abuela", explicó el entonces jefe del Grupo de Homicidios.