Cuidado con el fuego amigo. La Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por el ex alcalde de Lora del Río Antonio Miguel Enamorado (PP), contra la decisión de un juez que confirmó la investigación al entonces regidor loreño por presuntas injurias y calumnias contra un concejal de su propio partido, el delegado de Urbanismo Álvaro Aranda, al que supuestamente acusó en unas declaraciones de filtrar información al PSOE e insinuar que cobraba "comisiones" de empresarios.

El abogado del ex alcalde había recurrido la decisión del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lora del Río, que acordó la práctica de diligencias de instrucción, después de que Antonio Miguel Enamorado prestase declaración como "querellado".

La Sección Primera de la Audiencia de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que desestima el recurso de apelación del alcalde en relación con la decisión del instructor de practicar diligencias "en averiguación de los hechos objeto de la querella presentada por Álvaro Aranda" y rechaza que se haya vulnerado el derecho de defensa del ex alcalde, que alegaba que no se le había notificado el auto de admisión de la querella.

La querella, a la que tuvo acceso este periódico, fue presentada después de que fracasara un acto de conciliación entre ambas partes, en el que el teniente de alcalde de Urbanismo, Álvaro Aranda, solicitaba a Antonio Miguel Enamorado que reconociera que en una entrevista en la televisión local había proferido expresiones calumniosas e injuriosas el 9 de marzo de 2021 cuando afirmó que "Álvaro Aranda filtraba información al PSOE de Lora del Río" e "insinuaba un posible cobro de comisiones" por parte del delegado de Urbanismo.

En este sentido, argumentaba que el alcalde lo había acusado de estar "cobrando comisiones, beneficiando a cambio de ello a determinadas empresas y ciudadanos, en base a las competencias que tenía que ejercer a tenor del cargo que ostentaba: en definitiva estaba acusando a mi mandante de ser autor de un delito de cohecho, a sabiendas de la falsedad de los hechos imputados".

Esta imputación fue realizada "con publicidad" por parte del querellado al delegado de Economía del Ayuntamiento, Eloy Tarno, así como ante el concejal Raúl García, y también les manifiestó que Aranda "filtraba información al grupo socialista de la corporación para facilitarles la interposición de denuncias por parte de la oposición" contra el alcalde.

La querella relata que el alcalde mantuvo incluso una reunión con un constructor al que le dijo que Aranda cobraba comisiones por la adjudicación de obras y, "preguntándole si a él le había pedido comisiones, manifestando el empresario que no le constaba tal circunstancia y que a él jamás le pidió nada".

Aranda también se quejaba de unas declaraciones del alcalde culpándole de que, a causa de su gestión, el Ayuntamiento de Lora del Río había tenido que devolver una subvención de 236.000 euros a la Diputación de Sevilla.

El querellante reclama una indemnización de 12.000 euros por daños morales y perjuicios, una cantidad que, según anuncia en la querella, "serán donados a la congregación religiosa de Mercedarias de Lora del Río".