La polémica por las declaraciones de la magistrada

El CGPJ remite al promotor de la acción disciplinaria las quejas contra Alaya

  • Se trata de las denuncias de los jueces de Sevilla y del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pero la Comisión Permanente aún no ha tratado la queja de Lopera

La juez Mercedes Alaya, en un almuerzo del club Siglo XXI. La juez Mercedes Alaya, en un almuerzo del club Siglo XXI.

La juez Mercedes Alaya, en un almuerzo del club Siglo XXI. / EFE

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Las quejas contra Alaya se le acumulan al promotor de la Accción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado este jueves conocimiento del acuerdo adoptado el pasado 19 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en relación con las quejas de los jueces de Sevilla y del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por las declaraciones de Mercedes Alaya, y ha acordado dar traslado de los mismos al Promotor de la Acción Disciplinaria del máximo órgano de gobierno de los jueces. La Comisión Permanente aún no ha analizado otra queja que está ya presentada, la del ex presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reprobó en su última reunión las  declaraciones de Alaya, a la que recordó expresamente que entre las obligaciones de todos los jueces está el “asumir un compromiso activo” con el buen funcionamiento del sistema judicial, lo que cuestiona precisamente las críticas de la magistrada.

El Alto Tribunal andaluz tomó conocimiento en su reunión de este martes del acuerdo de la junta de jueces de Sevilla del 24 de mayo, en el que la totalidad de los jueces de Instrucción de Sevilla rechazaban las críticas de Alaya a los jueces de refuerzo que la acompañaron durante la instrucción de las macrocausas y a la juez María Núñez Bolaños; y también trató la queja que ha presentado por el mismo asunto el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, uno de los 22 ex altos cargos de la Junta que se sientan actualmente en el banquillo de los acusados en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE.

Tras analizar ambos escritos, la Sala de Gobierno del TSJA redactó un acuerdo en el que puso de manifiesto que es “obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado”.

El TSJA decidió trasladar el acuerdo de la Sala de Gobierno al CGPJ, en el que se incluyeron tanto las quejas de la junta de jueces en el que expresaban el “profundo malestar” y su rechazo a las manifestaciones de la magistrada de la Audiencia, como las del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez. En el escrito de Manuel Gómez, este ex alto cargo investigado por los ERE, considera “erradas y desafortunadas” las manifestaciones de la juez Alaya, dado que, a su juicio, “podrían crear un estado de opinión y condicionar al tribunalsentenciador de un asunto que ha sido instruido por la propia juez”.

Además de las críticas de la junta de jueces de Sevilla y el acuerdo del TSJA, el Consejo Fiscal también se ha posicionado ante las declaraciones de Alaya, las últimas con motivo de una conferencia en el club siglo XXI de Madrid, que llevaron al órgano consultivo del fiscal general del Estado a denunciar el “menosprecio” y el “absoluto desconocimiento” de la magistrada sevillana con respecto a lo que representa la institución del Ministerio Público. El Consejo Fiscal acordó remitir las declaraciones de Alaya al CGPJ, por si los hechos “fueran constitutivos de expediente disciplinario”.

El asunto de las declaraciones de Mercedes Alaya ya ha sido tratado en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde al menos un vocal planteó en dos ocasiones la cuestión en el turno de ruegos y preguntas –fuera de lo que es el orden del día ordinario de cada sesión–, para que se examinara si cabía alguna actuación por parte del Consejo ante las duras declaraciones de la magistrada sevillana. La Comisión requirió entonces la opinión del promotor de la acción disciplinaria, que analiza la actuación y conducta de los jueces y magistrados para determinar si las mismas podían ser constitutivas de una infracción disciplinaria, pero el promotor concluyó que las manifestaciones de la juez “no eran encajables” en ninguno de los supuestos contemplados dentro de las faltas disciplinaria.

El promotor apuntó, de otro lado, que las personas que se consideraran “agraviadas”por las intervenciones de la juez podían acudir a los tribunales para denunciar posibles injurias o calumnias, como cualquier ciudadano.

Aunque el promotor no ha visto motivos para que el Consejo investigara las declaraciones de Mercedes Alaya, la cuestión sí que ha generado cierto debate en el seno de la Comisión Permanente, cuyos vocales se han planteado si, descartada la vía disciplinaria, el asunto podría tratarse en la primera Comisión de Ética Judicial que está creando actualmente el Poder Judicial.

Ahora el promotor de la Acción Disciplinaria deberá analizar la nueva documentación remitida. El promotor mantiene abierta desde el pasado mes de junio unas diligencias informativas en relación con unas manifestaciones realizadas el día 4 de ese mes por la misma magistrada en un foro informativo, donde dijo que atribuir a la Fiscalía la investigación de procedimientos por corrupción sería “como tener el lobo metido dentro del gallinero”. La Fiscalía General del Estado remitió al CGPJ una comunicación considerando que eran ”merecedoras de la apertura de expediente disciplinario”.

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