La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que antes de pronunciarse sobre la petición del asesino confeso, Miguel Carcaño, de abonar la indemnización de 340.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla a razón de 20 euros mensuales, lo que supondría que tardaría en abonar dicha cantidad más de 1.416 años, realice una nueva "averiguación patrimonial" del penado, según han confirmado fuentes de la Fiscalía a este periódico.

El Ministerio Público quiere saber, como ocurre en cualquier ejecutoria de una sentencia, si el condenado ha venido "a mejor fortuna" durante los diez años que lleva en prisión y si puede pagar una cantidad mayor que esos 20 euros, precisaron las fuentes consultadas.

Perdió el piso y la moto no tiene valor

Por ello, ha solicitado a la Sección Séptima de la Audiencia que realice esa investigación del posible patrimonio de Miguel Carcaño. El asesino confeso era propietario del piso ubicado en el número 78 de la calle León XIII, donde tuvo lugar el crimen de Marta, una vivienda que fue embargada por el juzgado para hacer frente a la responsabilidad civil pero que finamente fue adjudicada en subasta al BBVA, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria que se inició en 2009 en un juzgado de Primera Instancia de Sevilla por el impago de la hipoteca que gravaba el piso. Además, los vecinos de Carcaño le reclamaban más de 9.000 euros porque llevaba años sin pagar la cuota de la comunidad.

Cuando el instructor de la causa requirió a Miguel Carcaño para que dijera cuál era su patrimonio, el joven informó de que además de la propiedad del piso, en ese momento percibía una pensión de orfandad de casi 600 euros y de que era dueño de un ciclomotor. El embargo de la moto fue dejado sin efecto por la Audiencia de Sevilla "dado su ínfimo valor" -320 euros a fecha de julio de 2009- en comparación con las responsabilidades civiles pendientes de pago.

Una "humillación más" a la familia

Los padres de Marta del Castillo han calificado como una "humillación más" la propuesta del asesino confeso de su hija, Miguel Carcaño, de abonar la indemnización de 340.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla a razón de 20 euros mensuales, y se han opuesto a la misma mientras "no vaya acompañada de una declaración que contenga datos reales y exactos que permitan encontrar el cuerpo" de su hija.

En el escrito, la familia se opone al pago aplazado, al estimar que dicha cantidad es "meramente simbólica y supone una humillación más" para sus representados, pues haría "prácticamente incobrable la responsabilidad civil", buscando el asesino confeso con dicha petición "única y exclusivamente la concesión de beneficios penitenciarios, como reconocimiento a una falta voluntad de reparar el daño y arrepentimiento".

Por su parte, la defensa del acusado ha enviado un escrito a la Audiencia en el que asume la propuesta de Miguel Carcaño para hacer frente a la responsabilidad, según han confirmado fuentes del caso.