El fiscal coordinador de Medio Ambiente en Sevilla, Javier Rufino, presentó esta semana un informe elaborado para la Unión Europea destinado a armonizar las leyes medioambientales en Centroamérica y el Caribe. En él destacan la vulnerabilidad del continente por sus riquezas naturales y que la contaminación del medio natural afecta gravemente a la población y al ecosistema.

El informe fue elaborado por Rufino junto con Vasco Manuel De Sousa Santos, analista criminal de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, y la abogada nicaragüense Marianela Rocha. Se trata de un dictamen encargado por el Programa de Asistencia la UE contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO) que fue presentado esta semana al Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (FOPREL).

Un comunicado de PACCTO afirma que uno de los objetivos de la presentación era encontrar estrategias, acuerdos y compromisos entre los poderes legislativos que forman parte del FOPREL para la armonización de sus leyes en materia de delitos medioambientales, especialmente contra la flora y fauna protegida, incendios forestales, minería ilegal y tráfico de residuos.

Los tres hicieron hincapié en que se debe proteger a las personas de los riesgos medioambientales, teniendo en cuenta que por su inmensa riqueza natural el continente latinoamericano es muy vulnerable. Expusieron además datos relativos a la contaminación del medio natural y como afecta de manera grave a la población y al ecosistema. 

Y aseguraron que una parte de los delitos medioambientales se llevan a cabo por industrias y empresas internacionales, sin ninguna legislación de por medio, y que se debe buscar de manera urgente un marco normativo armonizado entre distintos países que permita un castigo sistemático frente a la destrucción del ecosistema.

Entre sus propuestas, destaca que los delitos sean penalizados de la misma manera en todos los países adscritos al FOPREL, que existan penas disuasorias y que haya fiscales, jueces y policías especializados en la prevención de este tipo de delitos.

Otra de sus recomendaciones es tomar decisiones pensando en una economía sostenible  y encaminada al pacto verde, para que se puedan desarrollar medidas que ofrezcan condiciones de vida a las poblaciones que dependen directamente del ecosistema. 

Todos los participantes, según el comunicado, expresaron su voluntad de armonizar las leyes contra los delitos medioambientales y luchar conjuntamente contra el crimen transnacional organizado.