Tras haberse suspendido el pasado mes de abril, el Juzgado de lo Penal número 2 tiene previsto celebrarlo los próximos 21 y 22 de julio el juicio contra los ocho taxistas procesados por haber reventado el 22 de noviembre de 2018 un mitin de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, Susana Díaz. La Fiscalía ha reclamado una condena de 2.160 euros para cada uno de los acusados.

La Fiscalía de Sevilla atribuye a los ocho taxistas un delito de alteración del orden de un acto electoral, tipificado en el artículo 147 de la ley orgánica de Régimen Electoral General. Este artículo prevé condenas de entre tres meses y un año de cárcel o una multa de seis a 24 meses para los que "perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales".

El Ministerio Público reclama, en concreto, una multa de 12 meses a una cuota diaria de seis euros para los ocho taxistas investigados. En cuanto a los hechos, la Fiscalía relata que sobre las 19:15 del 22 de noviembre de 2018 los ocho taxistas "se concertaron para, actuando conjuntamente con varias decenas más de miembros de ese gremio, desplazarse hasta el teatro Romero San Juan", ubicado en la localidad de San Juan de Aznalfarache, donde la candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE, Susana Díaz, tenía previsto celebrar un acto electoral con motivo de la campaña para las elecciones andaluces del 2 de diciembre.

Los taxistas, continúa el fiscal, pretendían hacer visible determinadas reclamaciones profesionales y ejercer presión para que se resolvieran, por lo que se ubicaron tanto a la entrada como en el hall de acceso al anfiteatro, "gritando, haciendo sonar bocinas y profiriendo insultos contra los organizadores y asistentes, tales como hijo de puta, maricón, eres el perrito de Susana, zorra socialista, etc.", sostiene el Ministerio Público.

Los taxistas "llegaron a obstaculizar el paso a los asistentes que pretendían acceder al recinto y logrando cortar finalmente el paso hasta la única puerta de entrada que la organización había mantenido abierta para evitar el acceso a los alborotadores,impidiendo por último la celebración del acto, que hubo de ser suspendido por la organización para evitar más incidentes".

Por su parte, la defensa considera que los hechos "no son constitutivos de delito, por lo que no cabe hablar de autoría ni, en su caso, de imposición de pena", pro lo que solicita la libre absolución de los acusados.