La juez de Instrucción número 1 de Sevilla, que investiga a un grupo de ocho taxistas por haber reventado presuntamente el 22 de noviembre de 2018 un mitin de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha procesado a estos taxistas por un delito electoral y ha dado traslado a la Fiscalía y a la acusación que ejerce el PSOE para que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Entre los ocho taxistas procesados se encuentra Antonio Verlade, presidente de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, entidad que también está siendo investigada por otro juzgado que instruye la macrocausa por la mafia del taxi, en relación con el monopolio del servicio del taxi en el aeropuerto de San Pablo y con los incidentes protagonizados con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

En el auto, la magistrada considera que los ocho taxistas que acudieron al mitin de Susana Díaz el 22 de noviembre se agolparon en la puerta del Teatro Romero San Juan de la localidad de San Juan de Aznalfarache, "empujando a los asistentes al acto electoral, lanzando insultos y golpeando la puerta de cristal del teatro donde se iba a celebrar, llegando a cerrar el cordón o pasillo de seguridad que el personal del PSOE había establecido para la entrada de los asistentes al acto, no llegando a poder entrar la candidata que iba a participar en el acto de campaña electoral", que fue suspendido.

La instructora considera que hay "motivos suficientes" para atribuir la perpetración de un delito electoral, por coacciones, a los ocho taxistas investigados, a los que procesa por este delito.

A estos ocho taxistas se les atribuye un delito del artículo 147 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que contempla penas de entre tres y doce meses de prisión o multa de seis a 24 meses, como responsables de un delito de alteración del orden del acto electoral, a quienes “perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales”.

En abril pasado, la juez citó a los ocho taxistas a declarar, pero todos ellos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar porque, según explicó entonces su abogado defensor, Simón Fernández Rebollo, inicialmente había un grupo de 12 investigados pero se ha hecho una "selección de selección de personas" hasta reducir este número de imputados a ocho, quienes además ya han declarado cuando fueron llamados por la Policía Nacional en el curso de la investigación y "no van añadir nada a lo que se dijo a la Policía".

Estos ocho taxistas están en algunos casos relacionados con otros incidentes en los que se han visto implicados Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), e incluso hay algunos que figuran como investigados en la macrocausa por la mafia del taxi que investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla.

El abogado de los taxistas defendió que no hubo ningún acto violento durante la protestas en el mitin de Susana Díaz, un hecho que, según asegura, ha sido avalado incluso por dos miembros de la organización del mitin, adscritos a la agrupación provincial del PSOE de Sevilla, quienes según el letrado han coincidido en afirmar que el acto de la campaña electoral de los socialistas en el teatro Romero de San Juan de Aznalfarache "se pudo haber celebrado", porque el teatro estaba lleno pero el personal no encontró la llave de la entrada que utilizan "los artistas" y por ese motivo no se pudo celebrar el acto. 

Ante la juez de Instrucción número 1 de Sevilla, Elvira Alberola, ya declararon el secretario de organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, y el secretario de coordinación, Juan Antonio Barrionuevo, quienes ratificaron la denuncia y explicaron que el boicot al mitin fue un hecho “muy violento y desagradable”, llegando incluso a afirmar que “nunca habían visto nada igual”.

Otras fuentes apuntan que los taxistas tenían intención de hablar con la entonces presidenta de la Junta "antes o después del mitin", por lo que niegan esa supuesta violencia en la concentración de los taxistas.

De los ocho taxistas citados a declarar por la Brigada de Información, sólo algunos de ellos accedieron a prestar declaración en su momento ante la Policía, y otros tantos se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores.

El atestado elaborado por la Policía fue remitido inicialmente a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que mantiene abierta una macrocausa en la relación con la mafia del taxi, por si los hechos podrían enmarcarse dentro de la supuesta trama criminal que se instruye por los incidentes relacionados con las actuaciones de los taxistas en el aeropuerto de San Pablo, así como por los ataques que han sufrido diversos conductores de las empresas de VTC y también por el incendio el 2 de mayo de 2017 en una villa de Castilblanco de los Arroyos de nueve coches de Cabify que llegaron como refuerzo para la Feria de Abril, causa esta última que ha sido archivada provisionalmente.