La juez de Instrucción número 1 de Sevilla, que investiga a un grupo de ocho taxistas por delito electoral, por haber reventado presuntamente el 22 de noviembre de 2018 un mitin de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha acusado este martes a los taxistas de haber "obstaculizado" la celebración del acto electoral, "empujando e insultando" a la gente que intentaba acceder a ese acto electoral que tuvo que ser finalmente suspendido.

Los ocho taxistas imputados, entre los que se encuentra el actual presidente de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar porque, según ha explicado su abogado defensor, Simón Fernández Rebollo, inicialmente había un grupo de 12 investigados pero se ha hecho una "selección de selección de personas" hasta reducir este número de imputados a ocho, quienes además ya han declarado cuando fueron llamados por la Policía Nacional en el curso de la investigación y "no van añadir nada a lo que se dijo a la Policía".

Estos ocho taxistas están en algunos casos relacionados con otros incidentes en los que se han visto implicados Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), e incluso hay algunos que figuran como investigados en la macrocausa por la mafia del taxi que investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla.

El abogado de los taxistas ha explicado que no hubo ningún acto violento durante la protestas en el mitin de Susana Díaz, un hecho que, según asegura, ha sido avalado incluso por dos miembros de la organización del mitin, adscritos a la agrupación provincial del PSOE de Sevilla, quienes según el letrado han coincidido en afirmar que el acto de la campaña electoral de los socialistas en el teatro Romero de San Juan de Aznalfarache "se pudo haber celebrado", porque el teatro estaba lleno pero el personal no encontró la llave de la entrada que utilizan "los artistas" y por ese motivo no se pudo celebrar el acto. 

Los taxistas pedirán el archivo de la causa

Por este motivo, el abogado ha anunciado que solicitará el archivo de la causa "porque el acto se pudo haber celebrado y el teatro estaba lleno" y, a su juicio, no hubo ningún acto de violencia, poniendo como ejemplo la protesta que el PSOE hizo durante la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta, preguntándose que no tiene sentido que el acto de los taxistas se considere como delito electoral, añadiendo que tampoco se produjo ningún daño más allá de una mujer que afirmó que sufrió un empujón.

Ante la juez de Instrucción número 1 de Sevilla, Elvira Alberola, ya declararon el secretario de organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, y el secretario de coordinación, Juan Antonio Barrionuevo, quienes ratificaron la denuncia y explicaron que el boicot al mitin fue un hecho “muy violento y desagradable”, llegando incluso a afirmar que “nunca habían visto nada igual”.

Otras fuentes apuntan que los taxistas tenían intención de hablar con la entonces presidenta de la Junta "antes o después del mitin", por lo que niegan esa supuesta violencia en la concentración de los taxistas.

Una captura de un vídeo con los incidentes en el mitin de Susana Díaz

A estos ocho taxistas se les atribuye un delito del artículo 147 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que contempla penas de entre tres y doce meses de prisión o multa de seis a 24 meses, como responsables de un delito de alteración del orden del acto electoral, a quienes “perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales”.

De los ocho taxistas citados a declarar por la Brigada de Información, sólo algunos de ellos accedieron a prestar declaración en su momento ante la Policía, y otros tantos se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores.

El atestado elaborado por la Policía fue remitido inicialmente a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que mantiene abierta una macrocausa en la relación con la mafia del taxi, por si los hechos podrían enmarcarse dentro de la supuesta trama criminal que se instruye por los incidentes relacionados con las actuaciones de los taxistas en el aeropuerto de San Pablo, así como por los ataques que han sufrido diversos conductores de las empresas de VTC y también por el incendio el 2 de mayo de 2017 en una villa de Castilblanco de los Arroyos de nueve coches de Cabify que llegaron como refuerzo para la Feria de Abril, causa esta última que ha sido archivada provisionalmente.