73 años y 6 meses de cárcel, casi 76.000 euros de indemnización a 35 víctimas, otras tantas órdenes de alejamiento y la inhabilitación para volver a ejercer la medicina. Esa es la condena que la Audiencia de Sevilla ha impuesto a un médico de familia que durante años, aprovechando su trabajo en el centro de salud de Estepa y el consultorio de Badolatosa, se dedicó a grabar los pechos y las partes íntimas de cientos de mujeres cuando les hacía exploraciones ginecológicas o cuando les pedía que se desvistiesen de cintura hacia arriba, “con o sin motivo real que lo justificase”. Para tan deleznable fin encendía la cámara de su móvil y escondía el dispositivo en el bolsillo de su camisa o de su bata antes de examinar a las pacientes.

Los hechos juzgados ocurrieron en 2020 y 2021 en los dos centros médicos y en las casas de las víctimas, a las que Juan Manuel L.B. acudía cuando estaba de guardia, pero en realidad estuvo muchos más años acumulando material audiovisual. Cuando fue detenido, la Guardia Civil halló 250.000 imágenes y más de 1.000 vídeos en su móvil y su tableta. La sentencia, dictada por la Sección Cuarta en la misma sala y declarada firme el pasado lunes, refiere que “cientos de mujeres aparecen grabadas” pero que “fue imposible localizar” a muchas porque “únicamente salen filmadas zonas de su cuerpo desnudo” y no se ven sus rostros. Las únicas identificadas son las 35 víctimas que figuran en la sentencia.

Los términos de la condena son fruto del acuerdo alcanzado tras unas arduas negociaciones entre la Fiscalía, una decena de acusaciones particulares y la defensa de Juan Manuel L.B., que se mostró conforme con las condiciones. Cómo no iba a estarlo, si la petición inicial era de 116 años y medio de prisión en total y el pago de unos 155.000 euros en indemnizaciones. Además, gracias a la norma contenida en el artículo 76.1 del Código Penal, sólo estará siete años y medio en la cárcel porque ese es el triple de la mayor pena que ha recaído sobre él.

Es autor de 39 delitos, entre ellos tres abusos sexuales y uno de obstrucción a la Justicia: amenazó a la mujer que lo denunció

El doctor, de 66 años y ya jubilado, ha sido condenado por 35 delitos de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público, tres de ellos cometidos sobre menores de edad y otro sobre una enfermera en una comida de empresa; tres delitos de abuso sexual; y un delito de obstrucción a la Justicia porque, después de que una paciente descubriese sus tejemanejes el 11 de agosto de 2021, le pidió que retirase su denuncia “en un tono conminatorio y amedrentante”, lo cual constituyó “un claro ataque a la inviolabilidad de la denunciante como consecuencia de una legítima acción ante los tribunales”, refleja la sentencia.

Por cada uno de los 31 delitos de descubrimiento de secretos cometidos sobre pacientes adultas, Juan Manuel L.B. ha sido condenado a dos años de cárcel. Por un delito idéntico cometido sobre una compañera enfermera, a la que grabó la ropa interior por debajo de la mesa durante una comida de empresa en Alameda (Málaga), a nueve meses. Por cada uno de los tres abusos, cometidos al realizar “tocamientos en zonas erógenas con clara extralimitación de la exploración médica” al mismo tiempo que les decía “qué guapa eres” o “estás buena”, a diez meses. Por el delito de obstrucción, a otros nueve meses. Y por cada uno de los tres delitos de descubrimiento de secretos cometidos sobre menores, a dos años y medio de prisión.

Esta última es la pena mayor y la que se toma en cuenta para aplicar el artículo 76.1, que establece que “el máximo de cumplimiento efectivo de la condena (el tiempo que de verdad estará en la cárcel el responsable de dos o más delitos) no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido”. Ese máximo, además, “no podrá exceder de veinte años”. En este caso, el triple de dos años y medio da como resultado los siete y medio que pasará recluido, a los que hay que restar los casi dos que lleva en prisión preventiva (desde el 22 de septiembre de 2021). En la calificación inicial, previa al acuerdo, la Fiscalía pedía cuatro años por ese delito, así que el doctor se exponía a pasar un total de doce en un centro penitenciario.

Juan Manuel L.B. (en el centro), en el momento de su detención en septiembre de 2021.

El procesado, por lo demás, se beneficia de las atenuantes de confesión tardía (reconoció los hechos en la vista oral) y reparación del daño (ingresó 6.000 euros antes del juicio y se comprometió a abonar entre 800 y 1.000 euros al mes). Pero también se le aplica la agravante de género, ya que “proyectó una pretendida supremacía machista, cosificó a las mujeres-pacientes y mantuvo estereotipos de conducta que relegan a la mujer al papel de mero instrumento de placer mediante la obtención y conservación de sus imágenes desnudas, lo que refleja un desprecio de género que va más allá del ataque contra la privacidad”.

Además de las penas de reclusión, Juan Manuel L.B. estará cinco años en libertad vigilada cuando salga de prisión y no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ninguna víctima durante dos años y medio. También deberá abonar indemnizaciones que oscilan entre los 1.000 y los 5.948 euros (hasta un total de 75.669,24) solidariamente con la aseguradora francesa Sham (era la compañía contratada por el Servicio Andaluz de Salud y el Colegio de Médicos de Sevilla en esa época). Como la sentencia es firme, las víctimas cobrarán ya. Esa era una de las prioridades de la Fiscalía a la hora de negociar el acuerdo.

Dos veces mostró “arrepentimiento” y pidió “perdón”

Juan Manuel L.B., que a partir de ahora entrará en el registro de delincuentes sexuales, acudió el lunes a la Audiencia de Sevilla por segunda vez en dos semanas después de que el pasado 5 de julio no hubiese acuerdo en la vista señalada ese día para una posible conformidad. Esposado y custodiado por la Policía Nacional, ya que permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2021, pasó toda la mañana en los calabozos del Palacio de Justicia porque la negociación entre las partes se alargó hasta pasadas las tres de la tarde. A las 15.25 se sentó al fin delante de las tres magistradas de la Sección Cuarta. Tras oír la exposición del fiscal y el visto bueno de todas las partes personadas, incluida su abogada, el médico también expresó su conformidad. Y al final, cuando la presidenta del tribunal le dijo que podía levantarse e irse, solicitó la palabra para expresar su “arrepentimiento” y “pedir perdón a las víctimas”. Ya había hecho lo mismo hace unos meses a través de una carta manuscrita que redactó en la cárcel.

El grueso de las condenas es por descubrimiento de secretos (artículo 197 del Código Penal) siendo funcionario público (artículo 198). El primer precepto castiga al que “para vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, (...) utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen”.