El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha alertado , mediante un comunicado, de la !preocupante situación de la Justicia Social en Andalucía", coincidiendo con el arranque del Año Judicial. El presidente de este colectivo, José Blas Fernández Sánchez, ha reclamado la adopción de medidas urgentes y efectivas para paliar las causas que provocan la ralentización de los juzgados de lo Social.

No es la primera vez que los graduados sociales expresan su preocupación por la situación de esta jurisdicción. El pasado mes de febrero, el Colegio de estos operadores jurídicos en Sevilla se adhirió a la petición de los letrados de la administración de justicia que solicitaba el refuerzo de los juzgados de lo social. Ahora, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales propone una necesaria dotación de recursos especializados en asuntos sociales y laborales, "en especial jueces y magistrados que conozcan este ámbito judicial, porque mientras en otros órganos hay plazas específicas para especialistas, para ejercer al frente de sedes de la Jurisdicción Social, ni siquiera precisan de una formación de reciclaje para dictar sentencias de gran transcendencia para los justiciables", asegura José Blas Fernández Sánchez.

El presidente del Consejo Andaluz recuerda que, según informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "los juzgados de lo Social son los que presentan una mayor deficiencia de plazas judiciales, estando a la cabeza de asuntos por juzgados y a la cola en número de jueces. Nos hacemos eco de le la situación que están atravesando los juzgados de las ocho provincias andaluzas, con señalamientos para dentro de dos años”, sostiene.

Jueces de refuerzo

"La carga de trabajo existente no puede resolverse mediante parches temporales, como la dotación de magistrados de refuerzo que no suelen durar mucho tiempo en sus puestos, porque esto agrava aún más la situación y el aplazamiento de vistas hasta dentro, incluso, de tres años", denuncia José Blas Fernández. "Esta situación, que es generalizada en toda Andalucía, provoca una grave indefensión hacia el justiciable, en cuestiones de especial sensibilidad como son las de ámbito social y laboral, despidos, prestaciones por invalidez, impago de nóminas", asegura el representante de los sociales andaluces.

"Faltan juzgados, jueces y, también funcionarios para tramitar las ejecuciones de sentencias en tiempo y forma. El sistema, de esta manera, genera desamparo entre nuestros clientes, los justiciables en materia social y laboral en Andalucía", añade.

A juicio del presidente del Consejo, la Justicia Social debe ser objeto de un gran pacto institucional y político, que incluya la renovación del Consejo General del Poder Judicial, "al que deben incorporarse también graduados sociales de reconocido prestigio que puedan transmitir las inquietudes y necesidades de nuestra jurisdicción, al igual que ocurre con otros operadores jurídicos", mantiene el presidente de los graduados sociales en Andalucía.

"No es de recibo que toda una sociedad dependa en este tema de las injerencias políticas. El actual modelo de elección de los vocales del CGPJ debe ser reformado e incluir la pluralidad de todos los ámbitos de la Justicia, incluido el Orden Social de manera específica, así como volver al sistema fijado inicialmente por la Constitución: designación por los propios jueces", ha añadido.