Golpe policial al fraude en la legalización de pozos de riego. La Policía Nacional ha detenido a tres personas, un matrimonio en Écija, y un tercero en Santaella (Córdoba), como presuntos autores de los delitos de cohecho, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Dos de los detenidos son funcionarios de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) que supuestamente aprovecharon su condición para incrementar de manera desorbitada su patrimonio, cobrando grandes cantidades de dinero a los terratenientes por la legalización fraudulenta de pozos de riego, así como la paralización de expedientes y falsificación de documentos. Con este entramado delictivo en el año 2012, concretamente uno de ellos consiguió incrementar su patrimonio en un millón de euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación policial se inició a principio del año pasado, enfocada sobre unos trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, especialmente sobre uno de ellos que había incrementado su patrimonio y el de su mujer (ambos detenidos) de manera desorbitada. Concretamente, en el año 2012 afloraron un millón de euros mediante una Declaración Tributaria Especial, correspondiendo 500.000 euros a cada cónyuge, es decir, se acogieron a la amnistía fiscal declarando 500.000 euros cada consorte.

Una vez los investigadores determinaron el "aumento completamente desproporcionado" de capital del matrimonio, sostiene la Policía, que explica que la única vía de actividad legal reconocida de ingreso de dinero era el sueldo del marido, trabajador de la CHG, se inició la investigación para determinar el origen del patrimonio.

Las diligencias policiales por parte del grupo especializado en fraude fiscal, permitieron vincular a uno de los ahora detenidos con una actividad ilícita que empezó en el año 1999 y que ha podido continuar hasta el año 2012. Entre los hechos que se les imputan está el cobro a dueños de tierras de Marchena y alrededores, así como agricultores de la zona, de dinero por "retrasar" la incoación de expedientes sancionadores de pozos de riego; la solicitud, igualmente, de grandes cantidades de dinero, de entre 50.000 y 60.000 euros por la legalización fraudulenta de pozos de riego, es de significar en este extremo, que la legalización de tierras como regadío puede multiplicar por tres el valor del terreno.

Esta legalización se llevaba a cabo mediante la aportación de documentación falsa que el cabecilla de este entramado realizaba aprovechándose de su trabajo como funcionario, añade la Policía en un comunicado.

Alguno de los efectos intervenidos en la denominada operación Guadalquivir.

La investigación policial culminó el pasado martes, 10 de julio, con tres detenciones, entre ellas la del cabecilla junto con su mujer, a la que se le imputan el delito de blanqueo de capitales. Al matrimonio se le ha embargado de manera preventiva un patrimonio superior al millón de euros, destacando más de 600.000 euros en efectivo -repartidos en sobres escondidos en diversas estancias de la vivienda-, cuatro relojes de lujo Rolex, numerosas joyas de gran valor, encontrados en el registro domiciliario, así como dos coches de alta gama y cinco propiedades inmobiliarias.

Uno de los funcionarios investigados ya había sido expulsado de la CHG tras un expediente disciplinario

La Policía destaca que el cabecilla, funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se encontraba ya expulsado de la misma fruto de un expediente disciplinario. Del tercer detenido, trabajador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los agentes han podido constatar que acompañaba en numerosas ocasiones al líder en sus visitas previas al cobro de dinero a los agricultores y dueños de las tierras, no descartándose nuevas detenciones de personas participantes en esta trama delictiva.

Los tres detenidos ya pasaron en el día de ayer a disposición de la autoridad judicial, quien decretó prisión provisional sin fianza para el matrimonio, en una investigación llevada a cabo por el Grupo de Fraude Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla y que ha sido posible gracias a la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con la aportación de documentación esencial para llevar a cabo las diligencias policiales, así como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) quien intermedió de manera eficiente con varios de los agricultores afectados.