La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha suspendido 22 declaraciones que iban a celebrarse entre hoy y mañana relacionadas con algunas de las piezas separadas por las ayudas de los ERE, a raíz de la decisión de los magistrados de la Audiencia Provincial de obligar a los jueces de Instrucción a que además de las grabaciones de las declaraciones de los investigados y testigos se proceda a la transcripción de dichas comparecencias, para que los jueces de la Audiencia dispongan de las mismas en formato papel y no tengan que recurrir a las grabaciones.

La instructora ha adoptado esta decisión tras conocer el Pleno jurisdiccional de los magistrados de la Audiencia en el que han establecido, en contra de los criterios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que los jueces de Instrucción deben acompañar las transcripciones de las declaraciones sumariales y no sólo las grabaciones audiovisuales.

El problema se produce porque los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, con el nuevo sistema que se ha introducido en la jurisdicción Penal -en la Civil ya se grababan todas los juicios desde hace años- lo que hacen actualmente es dar fe de los CD en los que se recogen dichas declaraciones, pero no se puede dar fe dos veces por un mismo acto procesal, en el supuesto de que se hicieran grabaciones y además las transcripciones de dichas grabaciones.

La juez Bolaños, tras suspender esas 22 declaraciones de los ERE, ha remitido un oficio a la consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a la que solicita que se le dote de los medios materiales necesarios para establecer un sistema que permita que la transcripción de la declaración se realice de forma simultánea a la grabación audiovisual. 

Se trata de un sistema que, según fuentes consultadas por este periódico, ya habría sido implantado en los órganos judiciales de Galicia, con lo que se trataría de buscar la posibilidad de establecer una iniciativa similar para los órganos judiciales de Sevilla y, por extensión, de Andalucía. El sistema es similar al que se emplea para la transcripción de mensajes de telexto para las personas sordomudas y que ya incorporan muchos televisores.

De momento, la decisión de la Audiencia de Sevilla está generando reacciones diversas entre los 20 jueces de Instrucción, de los cuales prácticamente la mitad de ellos, sobre todos los que investigan algunas de las macrocausas como las de los ERE o las ayudas y préstamos de Invercaria, ya cuentan con sistemas de grabación audiovisual y la práctica de las declaraciones se realiza con estos medios tecnológicos, mientras que en el resto de los juzgados se sigue elaborando un acta por escrito cuando se toma declaración a una persona en calidad de testigo o de investigado.

Algunos jueces de Instrucción destacan el avance que han supuesto las grabaciones de las comparecencias, dado que esto permite que en un mismo día se pueda tomar declaración a muchas más personas -en torno a una decena- que si tuvieran que utilizar el antiguo sistema del acta en papel, comentan. 

Por el momento, no se ha promovido por parte de los magistrados afectados por la resolución de la Audiencia de la convocatoria de una junta de jueces para tratar esta cuestión, según ha explicado a este periódico el decano de los jueces, Francisco José Guerrero.

Los jueces de la Audiencia, por el contrario, se quejan de que la remisión de las grabaciones supone una "extraordinaria lentitud y sobreesfuerzo" en los tribunales que tienen que tomar conocimiento del proceso, y entienden que esta medida sólo beneficia a los juzgados de Instrucción. La guerra de las grabaciones entre los jueces de Instrucción y los de la Audiencia Provincial parece que no ha hecho más que comenzar.