La prueba estrella del juicio de los ERE

Reproche de los peritos a lo que la Junta “no hizo pero debió hacer”

  • Terminan tres semanas de interrogatorio del fiscal

  • Los altos cargos "debían velar para que las irregularidades no se produjeran"

Una imagen de la sala de este miércoles. Una imagen de la sala de este miércoles.

Una imagen de la sala de este miércoles. / Efe

Sin prisa pero sin pausa. El juicio por la rama política de los ERE terminó este miércoles con el turno de preguntas del fiscal a los peritos y el reproche de los interventores del Estado a las medidas que la Junta “podía y debía haber tomado” pero no adoptó.

El fiscal Anticorrupción hizo un repaso, en sus preguntas, a lo que pudieron y debieron hacer diferentes organismos de la Junta desde los directores generales de Trabajo y de Presupuestos, los responsables del IFA, los secretarios generales técnicos, los consejeros y viceconsejeros de Empleo, de Innovación y finalmente los consejeros de Economía y Hacienda, en este último caso representados por los acusados Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán.

El consejero de Empleo "pudo instar a que se hiciera la clasificación presupuestaria correcta", pudo "instar la revisión de oficio" de las ayudas y “no solo podía, sino que estaba obligado a que esas irregularidades no se produjeran”, dijo al tribunal el portavoz de los interventores del Estado, Angel Turrión.

Los informes del Interventor General de la Junta sobre las irregularidades en las ayudas, que se entregaban al viceconsejero de Hacienda para que lo hiciera llegar al consejero “deberían haber sido sometidos al Consejo de Gobierno, por su interés y repercusión”, añadió Turrión.

Como responsables de “velar por los derechos económicos de la Hacienda andaluza” y en caso de haber tenido conocimiento del uso inadecuado que se estaba haciendo de las llamadas transferencias de financiación, los responsables de esa consejería “deberían haber propuesto que se hicieran las modificaciones necesaria para adecuar el sistema”, según este perito.

El debate se reprodujo de nuevo entre los interventores del Estado, que hicieron su informe a petición del juzgado instructor, y los seis propuestos por las defensas de los 22 ex altos cargos juzgados.

Juan Zornoza, propuesto por la defensa de Griñán, mantuvo que los responsables de Hacienda “no pudieron hacer nada” con el tipo de informes que recibían de la Intervención de la Junta, y Juan Carlos Carrillo, perito de  Carmen Martínez Aguayo, ex viceconsejera y ex consejera de Hacienda, reiteró que los altos cargos de este departamento “no tenían facultades para hacer absolutamente nada”. La única decisión que hubiese elevado la cuestión al Consejo de Gobierno sería el llamado informe de actuación del Interventor General.

Frente a la afirmación de Turrión de que la dirección general de Presupuestos “tenía todas las facultades” en la elaboración del presupuesto, Zornoza mantuvo que “no existe orden jerárquico entre las consejerías de un Gobierno y no se puede decir que Hacienda tenga preeminencia”.

Los reproches se ampliaron a lo que pudo hacer el “consejillo” de viceconsejeros que presidía el acusado Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia. Según Turrión, pudo no elevar al Consejo de Gobierno las modificaciones presupuestarias sin las correcciones necesarias ni el anteproyecto de presupuestos de la Junta.

Le respondió Carrillo: de haber hecho algo, "habrían incumplido el ordenamiento y vulnerado la independencia de la Intervención”.  

El repaso de los expertos del Estado sobre lo que se hizo mal empezó por el director general de Trabajo. Según Turrión, “debió hacer todo menos lo que hizo: conceder subvenciones sin procedimiento alguno y sin competencias”.

El viceconsejero de Empleo, como presidente del Consejo Rector del IFA, pudo informar sobre la problemática que se planteaba en los informes de la Intervención, pero eso “no se trató nunca en el Consejo Rector”.

El consejero de Empleo “tenía todas las competencias” para instar a que las clasificaciones presupuestarias fuesen las correctas, los responsables de las agencias IFA/IDEA pudieron oponerse al pago de las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo y la consejería de Innovación no hizo ninguna consulta a un centro asesor hasta el informe encargado en 2009 al bufete Garrigues.

Tras el fiscal Anticorrupción, que ha estado preguntando a lo largo de tres semanas, comenzó el turno de la acusación particular del PP, que previsiblemente extenderá su intervención en las próximas dos sesiones de juicio, el lunes y martes próximos. 

A preguntas del letrado del PP, Luis García Navarro, los peritos del Estado afirmaron que ni la consejería de Empleo ni el IFA hicieron nunca ningún seguimiento de las ayudas, a diferencia del Estado -que pagó parte de los fondos a la Faja Pirítica de Huelva- y que sí que instó expedientes de reintegro a personas que habían dejado de tener derecho. 

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