El juez que investiga una querella contra la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Cristina Murillo Fuentes, por presunto delito societario ha citado como testigo el 25 de octubre al abogado en quien se basó la investigada para excluir de la Fundación FIDAS a su antecesor en el cargo y a otros patronos.

El juez de instrucción 6, en un auto al que tuvo acceso este periódico, indica que los tres investigados -Cristina Murillo, el secretario Juan Carlos Rodríguez Velasco y el tesorero Francisco García Romero- pudieron cometer  “delitos societarios en su modalidad de imposición de acuerdos sociales lesivos” por el “presunto carácter fraudulento” con el que se adoptaron acuerdos en el patronato de la Fundación para la Investigación y la Difusión de la Arquitectura (FIDAS) en dos sesiones de julio de 2017.

Los querellados se habrían prevalido “de mayorías ficticias, al no haber sido convocados deliberadamente todos los patronos que legal y estatutariamente reunían dicha condición, privándoles de su derecho a voto y adoptando en dichas reuniones acuerdos lesivos tanto para la fundación como para los patronos no convocados”.

Los acuerdos se basaron en un informe jurídico de julio de 2017 suscrito por el abogado Diego M.F., que cuenta ahora con 92 años, por lo que el juez acuerda que su declaración quede grabada en vídeo para su posible uso en un futuro juicio.

Este abogado manifestó en su declaración ante la Policía que el ex decano de los arquitectos Ángel Díaz del Río y José María Gentil Baldrich -querellante contra Murillo- eran patronos natos y procedía convocarlos a la reunión, pero a pesar de ello no lo fueron. También dijo que para elaborar su informe no dispuso de toda la documentación pertinente.

Los querellados arguyeron que convocaron el  patronato según la composición emitida por la Dirección General de los Registros y el Notariado, pero tal certificación contenía una serie de deficiencias “de las que debían ser conocedores” pues algunas inclusiones “eran manifiestamente incorrectas y no estaban actualizadas”, indica el auto judicial.

Aunque a esta declaración solo es necesario que asistan los abogados, el juez cita también a los tres investigados “por razones de economía procesal”, dado que “sería legítimo que, a resultas de esa declaración, el letrado de la defensa pudiera solicitar su reiteración, a fin de formular a posteriori nuevas preguntas”.

Preguntado por este periódico, un portavoz del Colegio de Arquitectos declinó comentar la evolución de la causa judicial.