La investigación judicial por el brote de listeriosis detectado en Magrudis da un nuevo giro. La acusación particular que ejercer la asociación de consumidores Facua ha presentado un escrito en el juzgado que investiga el caso en el que solicita que se impute a un responsable del Ayuntamiento por presunta prevaricación, en relación con las inspecciones, controles y licencias a la empresa donde se produjo el brote que ha provocado la muerte de tres personas, siete abortos y ha contagiado a 200 personas.

Según han explicado a este periódico fuentes del caso, Facua reclama igualmente a la instructora, la juez Pilar Ordóñez, que considere al Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario, lo que supone en el caso de que finalmente se produjera una condena, el Consistorio hispalense tendría que asumir el pago de las indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de Magrudis –que sólo cubre 300.000 euros– y de los embargos que se pudieran haber realizado a la empresa que fabricaba los productos donde se localizó el contagio.

La defensa de Magrudis apuntó que hubo una “culpa in vigilando” de las administraciones

Facua ha confirmado a este periódico que ha pedido la declaración como investigado de un responsable municipal, aunque no ofreció ninguna identificación del mismo. La asociación de consumidores, que ha solicitado la personación en la causa por 28 afectados, ya anunció recientemente que pediría la declaración de varios responsables municipales, después de que la investigación policial haya puesto de manifiesto que se produjeron más irregularidades en las actuaciones inspectoras del Ayuntamiento y que, según Facua, de haberse realizado correctamente Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016.

Además, la asociación considera de especial gravedad que los responsables municipales no hubiesen clausurado la empresa en diciembre de 2018, cuando Magrudis presentó una declaración responsable para la ampliación de la actividad que, a su juicio, estaba “llena de irregularidades”.

Una vez presentada esa declaración, el Ayuntamiento debía hacer una inspección en las instalaciones en el plazo del mes siguiente, es decir, en enero de 2019, pero no se llevó a cabo, y Magrudis obtuvo licencia por silencio administrativo tres meses después. No fue hasta el mes de agosto, una vez decretada la alerta sanitaria, cuando el Consistorio inicia el expediente para anular la licencia.Facua destacó que el último informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil ha revelado más irregularidades, por lo que entiende que desde el Ayuntamiento deben darse explicaciones sobre lo ocurrido ante la instructora.

La petición de esta imputación se produce poco después de que la propia juez Pilar Ordóñez asegurara en un auto que iba a investigar si el Ayuntamiento y la Junta, así como los laboratorios que intervinieron en los planes de autocontrol tenían alguna responsabilidad en el brote de listeriosis. El anuncio de la magistrada se conoció en un auto en el que rechazó la petición de libertad del dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, quien había alegado que no era el único responsable del contagio, puesto que ni el Ayuntamiento ni la Junta realizaron “inspección alguna” y en las revisiones realizadas en los años 2016 y 2017 no se detectó ninguna anomalía. La defensa alegaba que se había producido una “culpa in vigilando” de las Administraciones públicas, por la falta de inspecciones.

Magrudis tenía que haber sido inspeccionada en enero de 2019, antes de producirse el brote

La juez confirmó en esa resolución que el dueño de Magrudis y su hijo seguirían en prisión provisional –están en la cárcel desde el pasado 26 de septiembre–, y apuntó expresamente que aunque José Antonio Marín Ponce “pretende ahora responsabilizar a los laboratorios y administraciones de lo ocurrido, hecho que sin duda va a ser investigado por este juzgado, es de sentido común que debió adoptar medidas al menos en el mes de febrero de 2019, cuando supo de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechada, pero se limitó únicamente a tirar a la basura el lote contaminado, como él mismo indicó ante este juzgado”.

Una de las actas de inspección, levantada en 2016 por el servicio de Consumo e Inspección Veterinaria, en el que se califica a Magrudis con "Categoría A", con una frecuencia de inspección "cada seis meses", y posteriormente, una segunda, de fecha 18 de julio de 2017, en la que se otorga a Magrudis "Categoría C", pasando la inspección de seis a 18 meses y la frecuencia de supervisión "de 12 meses a dos años".

Desde esas dos inspecciones, no hay constancia de que se haya realizado ninguna otra supervisión en las instalaciones que Magrudis tiene en dos naves del polígono industrial El Pino de Sevilla.

Una vez decretada la alerta sanitaria y tras la toma de muestras tanto en los productos como en la superficies, se confirmó el positivo en algunas de las muestras tomadas a la "carne mechada, crema de carne mechada, lomo al jerez, lomo al pimentón" y en la superficie en el carro del horneado, que se encuentra en la nave 21, contigua a la de Magrudis y propiedad de Elaborados Cárnicos Mario S.L.U., sociedad en la que figuraba como administrador otro hijo.