La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto en el que acuerda implantar el "teletrabajo" con motivo de la crisis del coronavirus y también otras medidas como la suspensión de las visitas e inspecciones a residencias de mayores, centros penitenciarios o de internamiento de extranjeros.

El decreto se dicta al amparo del artículo 22.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "a fin de asegurar el cumplimiento del servicio público y de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal, la salud de los/las componentes de la carrera fiscal y la ciudadanía". El decreto ordena a los fiscalesjefes y, en particular, los Fiscales Superiores que se adopten todas las medidas que se indican de forma coordinada con el Ministerio de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia y las Comunidades Autónomas afectadas.

Entre las recomendaciones, se acuerda la "puesta en marcha de teletrabajo, de modo que se evite la concurrencia diaria de la totalidad de la plantilla en los diversos centros de trabajo con la finalidad de preservar la salud de sus componentes". Estas medidas, continúa el decreto, garantizarán la presencia efectiva del Ministerio Fiscal en la prestación del servicio de guardia, así como la asistencia a las vistas, comparecencias y juicios señalados. Los fiscales jefes "velarán por el cumplimiento efectivo del servicio adoptando las medidas conducentes a tal fin en el marco de su capacidad directiva y auto-organizativa".

También se evitarán en lo posible todos los desplazamientos, potenciando el uso de medios telemáticos (videoconferencias).

Dice la instrucción que "se entiende por teletrabajo no sólo aquél que se pueda realizar por medios telemáticos sino también el despacho ordinario de asuntos desde el domicilio particular".

El decreto también ha acordado la suspensión temporalmente de las visitas e inspecciones de los fiscales a residencias de mayores, de personas con discapacidad, a centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, u otras visitas "de similar naturaleza en la medida en que no resulte absolutamente imprescindible".

Otra de las medidas señala que los fiscales jefes se abstendrán temporalmente de convocar juntas de Fiscalía u otro tipo de juntas o reuniones de similares características en tanto en cuanto subsistan las circunstancias de riesgo sanitario actuales. Esta previsión se amplía esta previsión a los alumnos en prácticas en las respectivas Fiscalías y a la presencia de los fiscales a los cursos de formación, sin perjuicio de la comunicación que al efecto pueda emitir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

El decreto establece además unos criterios para la organización de las Fiscalías en cuanto a la posibilidad de que los fiscales se ausenten de las sedes de la Fiscalía:

1º. Fiscales con patologías concurrentes o enfermedades crónicas.

2º. Fiscales embarazadas.

3º. Fiscales que hayan estado en contacto con personas enfermas por coronavirus.

4º. Fiscales con hijos/as menores de edad o personas dependientes.

Estas medidas pueden ser de aplicación a los funcionarios de la Administración de Justicia que presten sus servicios en las Fiscalías en coordinación con la Administración competente.