La empresaria, prosigue la Fiscalía, "se valió del acusado Juan Lanzas Fernández" para conseguir la ayuda y así "con el fin de obtener su propósito entró en contacto con Lanzas, quien abusando de su posición como Secretario General de UGT durante el periodo que abarca desde el año 1997 al año 2002 y como asesor de Estudios Jurídicos Villasís a partir de ese año, así como sus colaboraciones como intermediario en la consultora de previsión social VITALIA, fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de la ayuda referida realizando gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, siendo éste quien puso en contacto a la mercantil con el organismo público, en concreto con el director general de Trabajo, Javier Guerrero, y recibiendo como remuneración la cantidad de 93.090,17 euros"  que María del Carmen García realizóen el año 2006  a la empresa Atrado Mensajería.

Esa sociedad, propiedad de Lanzas, forma parte de un conjunto de "empresas instrumentales y personas interpuestas que se utilizaban tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos que le correspondían conforme a lo acordado los responsables de Vitalia, como para generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas", argumenta la Fiscalía.

La acusación pública recoge asimismo que todos los pagos realizados por el ERE de Río Grande se hicieron "a través del irregular sistema denominado por la propia Dirección General de Trabajo como pagos cruzados. Este método consiste en el desvío de fondos públicos mediante escritos en los que la dirección general ordenaba a las aseguradoras o mediadoras aplicar fondos ya recibidos de ¡FA/IDEA desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a otro distinto (el pago de pólizas diferentes). Este uso irregular provocó la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas, dado que los denominados pagos cruzados no quedan reflejados en la contabilidad de ¡FA/IDEA ni en la de la Consejería de Empleo". Este sistema irregular fue utilizado en la totalidad de los pagos de la ayuda concedida a Río Grande, sin que conste en todo el expediente, además, "solicitud de ayuda, convenio o protocolo que avalara la concesión de la misma".

Asimismo, la concesión de estas ayudas "no fue sometida a fiscalización previa de la Intervención Delegada de la Consejería tal y como era legalmente exigible, ni se realizó seguimiento de la aplicación del importe de dinero otorgado. No existe en ninguno de los expedientes documentación que acredite el mínimo cumplimiento de las normas que regulen la concesión de subvenciones".