La querella que la Fiscalía Superior de Andalucía ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el ya ex presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, sostiene que parte de los 2,4 millones de euros de la ayuda concedida, en concreto, 438.000 euros, fueron destinados por Serrano y su ex socio Enrique Pelegrín Díaz a diversas operaciones, como "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios" que, según el Ministerio Público, no tienen "ninguna" relación con la finalidad para la que se concedió dicha ayuda.

En la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía Superior considera "indiciariamente acreditado" que en 2016 el juez Francisco Serrano -que esta semana ha dejado Vox pero mantiene su acta de diputado autonómico- y su entonces socio, Enrique Pelegrín Díaz, "se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo".

Para ello, ambos querellados, prosigue el Ministerio Público, constituyeron el 30 de marzo de 2016 la sociedad  Bio Wood Niebla S. L., haciendo constar en la escritura pública de constitución aportaciones "no dinerarias inexistentes", como un "secadero rotativo con caldera de biomasa" y "tres granuladoras RMP 650".

La dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa concedió a Bio Wood Niebla una ayuda de 2.489.000 euros, que fueron ingresados en diciembre de 2016 en una cuenta de Francisco Serrano, y desde ahí se hicieron dos transferencias, por importes de 1,4 millones y 651.000 euros a cuentas abiertas a nombre de Biowood Niebla en los meses de febrero y marzo de 2017, respectivamente, mientras que el resto del dinero, los 438.000 euros mencionados fueron empleados en operaciones que no estaban relacionadas con la finalidad para el que fue concedido, insiste la querella.

La Fiscalía añade que Bio Wood Niebla "no llegó a ser constituida, habiéndose apropiado en su beneficio los querellados del importe total del préstamo recibido".

En la querella, el Ministerio Público sostiene que de la investigación llevada a cabo hasta el momento -los hechos fueron inicialmente investigados en la Fiscalía de Sevilla-, "se deduce la existencia de indicios racionales de que los hechos presuntamente integrarían un delito de fraude de ayudas públicas tipificado en el artículo 308 del Código Penal".

En este sentido, señala que este artículo castiga con las penas de uno a cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de su importe a quien "obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a 100.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido".

El delito de fraude de subvenciones, continúa el Ministerio Público en la querella contra Francisco Serrano, engloba dos modalidades alternativas: "la obtención fraudulenta de una subvención (artículo 308.1 del Código Penal) y la aplicación a fines distintos de los fondos obtenidos mediante una subvención (artículo 308.2". Se trata de dos "modalidades independientes, pues ninguna depende de la comprobación de la otra para entenderse consumada".

En el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no consta la realización del Proyecto comprometido de fabricación de pellets en la localidad de Niebla y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda.

La Fiscalía estima que, en principio, son objeto de la querellas los dos socios fundadores de la empresa, sin perjuicio que pueda ampliarse a más personas por parte del TSJA.

El pasado 10 de octubre de 2019, la organización de consumidores Facua dio a conocer que Hacienda reclama la devolución de los 2,5 millones de euros –más los intereses legales– de financiación pública que obtuvo la empresa Bio Wood Niebla SL, creada por el líder de Vox en Andalucía para un proyecto que no se ejecutó.

La Brigada Provincial de Policía Judicial en Sevilla inició una investigación y el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) citó el 21 de octubre al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, para que prestase declaración, una comparecencia en la que éste aportó la documentación que tenía sobre la empresa creada por Serrano y su ex socio, Enrique Pelegrín Díaz. El 24 de octubre, tras la denuncia de la Policía, la Fiscalía de Sevilla decidió incoar diligencias de investigación.