La Fiscalía Superior del TSJA ha abierto las diligencias necesarias para que se investiguen las presuntas irregularidades detectadas por el sindicato CGT en las condiciones de las contrataciones extraordinarias de personal funcionario interino convocadas por la Junta de Andalucía por la situación generada por la COVID-19. Asimismo, ha designado al fiscal Alberto López López para la inocación de estas diligencias

El sindicato CGT, a través del abogado Luis Ocaña Escolar, ha denunciado a la adminsitración autonómica por presuntos delitos continuados de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores por excluir dede estas convocatorias a personas que padezcan algunas de las enfermedades consideradas de riesgo como las cardiovasculares, respiratorias o inmunodeficientes.

Las bases de la convocatoria excluyen a las personas que padezcan enfermedad renal crónica, pulmonar, hepática, cardiovascular e hipertensión, diabetes y enfermedades inmunodeficientes, incluyendo el VIH, cáncer y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a los mayores de 60 años.

La denuncia cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución española en sus referencias a la igualdad ante la ley y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y el Estatuto Básico del Empleado Público que eestablece la no discriminación "por razón de nacimiento, origen racial, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". También cita la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 314 del Código Penal que sanciona con una pena de seis meses a dos años por los comportamientos que “produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, situación familiar, enfermedad o discapacidad” entre otras.