La Fiscalía de Sevilla ha archivado una denuncia del Colegio de Médicos contra Francisco Javier Frontela Picón,  nieto del conocido forense Luis Frontela, por presunto intrusismo por tener un centro de injertos capitales denominado Clínica Doctor Frontela pese a que -según la denuncia- no tiene el título de licenciado en Medicina ni está inscrito en ningún Colegio de Médicos. 

La Fiscalía, en un decreto de archivo al que tuvo acceso este periódico, indica que “no existen indicios bastantes” para entender que Frontela Picón realizase “actos de exclusivo contenido médico”. Recuerda que el artículo 403 del Código Penal, que persigue el intrusismo profesional, “exige el ejercicio de actos propios de una profesión y no la simple denominación que una persona se dé sobre el trabajo que realice o la interpretación que terceros realicen sobre la función que asume”.

La Fiscalía invoca “los principios que rigen el ordenamiento jurídico de un estado de Derecho, como son el principio de legalidad y de intervención mínima”, según los cuales “solo pueden ser constitutivos de infracción penal los ataques más graves a los bienes jurídicos protegidos“.

Por ello, conforme al resultado de la investigación practicada, “no existen suficientes indicios que justifiquen la incoación o persecución de una infracción penal”.

Las diligencias de investigación se abrieron por denuncia del Colegio de Médicos de Sevilla, que daban cuenta de una serie de presuntas irregularidades durante el tratamiento capilar realizado a una paciente, recuerda la Fiscalía.

La fiscal encargada del caso tomó declaración al propio Frontela, a la perjudicada y a dos doctores -ellos sí licenciados- que trabajaban en su clínica, ubicada en Dos Hermanas.

El centro de injertos sigue abierto aunque en su página web ahora se anuncia solo como “Clínica Frontela”, sin la palabra “doctor”.

El forense Luis Frontela Carreras, titular de la marca registrada Clínica dr. Frontela, no respalda estas prácticas de su nieto, según afirman a este periódico fuentes del caso.

El decreto de archivo de la Fiscalía no es susceptible de recurso alguno, si bien indica que el Colegio de Médicos puede llevar de nuevo su denuncia ante los juzgados.