El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores Prada, mostró en el juicio las dudas sobre la acusación que mantuvo contra la periodista que informó sobre el brutal asesinato de Laura Luelmo, afirmando que este caso puede generar un "pronunciamiento del Tribunal Constitucional o reformas legislativas" para lograr mayor seguridad en los procedimientos judiciales.

En su informe de conclusiones, en el que el fiscal jefe pidió una condena de dos años de cárcel para la periodista, Alfredo Flores comienza su intervención señalando que la cuestión que se debe resolver en este juicio es si los hechos encajan el tipo penal del delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal.

Y es ahí donde el representante del Ministerio Público muestra unas dudas que, en contra de uno de los principales principios del Derecho -el in dubio pro reo, en caso de duda se debe favorecer al reo-, acaba resolviendo en el sentido de solicitar la condena. "Los hechos son graves y el juicio es muy importante porque no hay muchos precedentes, yo diría que no hay casi ningún precedente exactamente igual, con lo cual es posible que a lo mejor consigamos que haya un pronunciamiento específico, en su momento, del Tribunal Constitucional sobre la cuestión que aquí debatimos o reformas legislativas que establezcan, por un lado, una mayor seguridad para todos los intervinientes en un procedimiento penal, y una mayor garantía y seguridad para las víctimas".

A continuación, Flores destaca que el "profundo dolor de las víctimas, es evidente, porque hasta el día de hoy no van a poder empezar a iniciar o culminar el duelo que viven" y añade que "quizás la palabra más repetida hoy y a lo largo de todo el procedimiento es la palabra dolor y desgraciadamente estamos acostumbrados a trabajar con el dolor".

El fiscal jefe añadió que "desgraciadamente en estas Salas de Justicia Penal difícilmente" puede encontrarse con otras cuestiones distintas al dolor de las víctimas y "ante eso lo único que podemos hacer es no aumentar el dolor, intentar paliar y no aumentar". Por ello, agradeció la "sensibilidad de las defensas" a la hora de no interrogar a los padres de Laura. "Lo agradezco especialmente porque han demostrado sensibilidad profunda y un deseo de no incrementar el dolor en un procedimiento donde además lo que básicamente vamos a discutir y creo que todos estaremos de acuerdo son cuestiones jurídicas, es decir, si la conducta que las acusaciones imputamos a los acusados es o no constitutiva de delito" porque la base de del escrito de acusación no se discute: "la información se publicó y tiene el contenido que tiene".

Tras la condena de la informadora a dos años de cárcel, la Fiscalía de Huelva ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia, pero lo ha hecho únicamente para que se le aprecie una "circunstancia eximente incompleta" de actuar en el ejercicio de la profesión periodística. Así, no pide la absolución de la informadora, sino que ratifica que, a su juicio, ésta incurrió en un delito de revelación de secretos.

En el recurso presentado -que por cierto ha sido facilitado por el Ministerio Público cuando el mismo aún no ha sido trasladado a las partes personadas en la causa-, el fiscal jefe pide al Alto Tribunal andaluz que revoque la sentencia y "condene" a la periodista por un delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal concurriendo la "eximente incompleta de actuar en el ejercicio de la profesión periodística en relación el derecho a la información" a las penas solicitadas en sus conclusiones definitivas, es decir, a los dos años de cárcel que la Fiscalía pidió y que la Audiencia onubense impuso.

No obstante, el fiscal plantea de manera subsidiaria la condena por el delito de revelación de secretos a nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1.620 euros.

Es decir, la Fiscalía ratifica que la informadora incurrió en el delito, pero considera que el tribunal debió aplicar una circunstancia eximente incompleta que tampoco varía a efectos prácticos la pena de prisión para la periodista. El fiscal Alfredo Flores opina que la "clave del caso" es "un conflicto entre la intimidad y dignidad de la víctima y su familia por un lado y la información periodística veraz y contrastada en un tema de claro interés público pero con un origen ilícito en la obtención de datos reservados y un claro exceso en los detalles publicados por otro. Son desgraciadamente frecuentes los casos de publicación de los detalles de una investigación secreta y en este caso fue muy intenso e invasivo el tratamiento en medios escritos y televisivos de la muerte violenta de la víctima".

Se reitera de esta forma el supuesto "origen ilícito" de la obtención del periodista de la información, cosa que no ha quedado probada en ningún momento a lo largo del proceso.