El ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, ha asegurado ante el tribunal, a preguntas de la fiscal, que no existía convocactoría específica "ni bases concretas para acceder a las ayudas fijadas por la Junta de Andalucía para las empresas en quiebra o sectores estratégicos en la industraliazación de determinadas zonas. "Las ayudas se daban a demanda", argumentó. "El PSOE llevó el compromiso de ayudar a las empresas ante esta situación de crisis al Parlamento, negociando con los sindicatos mayoritarios y la confederación de empresarios de Andalucía los planes de concertación", explicó.

Sobre el modo en el que las empresas podían conocer la existencia de estas ayudas, con cargo a la partida 31 L, Viera afirmó que desde el momento en que la CEA firmó el convenio, "es lógico pensar que los asociados las conocían, igual que en los convenios suscritos con UGT y CCOO".

El ex consejero, que estuvo en la causa como investigado, declaró como testigo acompañado de su letrada, puesto que algunas preguntas podían afectar a otras causas en las que está imputado. Tras recordar a la fiscal que estas ayudas se enmarcan en una situación de crisis con cierre de empresas como las minas de Aznalcóllar o los problemas en Santana, argumentó que el sector del corcho formaba parte de los sectores estratégicos en Andalucía. "La Sierra Norte de Sevilla era una zona deprimida y el corcho era un fundamento de su economía", explicó.

Viera afirmó que la demanda de ayudas a las empresas del corcho llegaron a través de la Dirección General de Trabajo, siendo solicitadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, que era alcalde de Cazalla de la Sierra "y tenía relación con el sector". En cualquier caso, recalcó "como ya dije ante el Supremo y en el juicio del procedimiento específico" que la gestión de todas las ayudas eran "competencia absoluta" de la Dirección General de Trabajo, al frente de la cual estaba entonces Francisco Guerrero, fallecido en 2020.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla también tomó declaración a su sucesor en el cargo, Antonio Fernández, que volvió a explicar que las bases para las ayudas "no se publicaron" y que, a su criterio, este paso "no era necesario" porque "estaban en los acuerdos de concertación social y en las memorias anuales de los presupuestos de la Junta de Andalucía, que incluían los programas de apoyo económico al mantenimiento de la actividad de empresas, por lo que éstas tenían acceso a conocer las condiciones para solicitarlas". Por lo que, según su criterio, había "normativa suficiente" para que estas subvenciones llegaran a quienes las necesitaban.

Respecto a la existencia o no de expedientes y documentos en la solicitud de estas ayudas al corcho, aseguró a la fiscal que, "de existir, estarían en la Dirección General de Trabajo, que es quien tenía estas competencias". Fernández afirmó que se reunió con Ángel Rodríguez de la Borbolla "y un señor portugués porque iban a presentar medidas para el Plan de Sostenibilidad de la Sierra Norte de Sevilla". Además, reiteró que al no gestionar los expedientes de las ayudas, "no tenía acceso a ellos" porque "solo era coordinador de iniciativas políticas. El visado de los proyectos los daba el director general de Trabajo".

A este respecto, el letrado del PP, que ejerce la acusación popular, le recordó que en abril de 2010, el BOJA le reconoce la competencia del consejero de Empleo para otorgar subvenciones, una situación que según Fernández fue una decisión de la Intervención General. Como el ex consejero explicó al letrado de Ángel Rodríguez de la Borbolla,  "en el cargo yo tenía implícito recibir a los solicitantes de ayudas y conocer el tema, pero no conceder".

En cuanto a la posible discriminación de la concesión de más de 8 millones de euros en ayudas a las empresas del corcho en la Sierra Norte de Sevilla cuando también se producía en Huelva y Cádiz, Antonio Fernández explicó que las ayudas se concedieron porque "no sólo producían corcho, sino que tenían un proyecto de transformación, algo que sólo ocurría en la comarca sevillana. Era voluntad del gobierno autonómico que se industrializaran las materias primas para su transformación".

Penas solicitadas

En esta pieza de los ERE por las ayudas a las empresas del corcho en la Sierra Norte están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías.

La Fiscalía solicita  para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín, Fernando Pedro Moreira; y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para el quinto acusado, Gerardo de la Cruz.