Las quejas contra Alaya en el CGPJ

Lopera insiste en que se expediente a Alaya por atribuirle un delito grave

  • Considera que las declaraciones muestran la “animadversión” de la magistrada hacia él

La juez Mercedes Alaya. La juez Mercedes Alaya.

La juez Mercedes Alaya. / José Ramón Ladra

El ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha recurrido la decisión del promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar la queja que presentó contra la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya, al considerar que sus afirmaciones a los periodistas sobre la sentencia absolutoria estaban amparadas en el derecho de la magistrada a la libertad de expresión.

En el recurso, al que ha tenido acceso este periódico, Lopera destaca la “gravedad” de las afirmaciones de la magistrada y argumenta que las mismas no pueden ampararse en el derecho a su libertad de expresión, “en la medida en que la persistencia en la atribución de un grave delito, desautorizada por la Sala juzgadora, desde su condición de instructora de la causa, lesiona gravemente su honor y reputación”.

Lopera considera que no sólo se lesionan sus derechos, sino también “la reputación de la propia Administración de Justicia, a la vista del manifiesto desdén exhibido hacia la sentencia de la Sala juzgadora y sus correspondientes efectos, que hoy son cosa juzgada”, alega en alusión a las afirmaciones de Alaya diciendo que no se había leído la sentencia absolutoria dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

El ex mandatario bético argumenta en su recurso que el informe emitido por la propia Mercedes Alaya, lejos de desdecir ha vecino a “ratificar los elementos fácticos” de su denuncia, por cuanto “no cabe duda de la realidad de las declaraciones formuladas por la magistrada ante un grupo de periodistas, en los términos publicados en prensa” y aunque no se dispone de una grabación de audio, “es cierto que queda descartada la posibilidad de que lo publicado no fuese fiel reflejo de la realidad”.

La supuesta defraudación de 25 millones

Así, Lopera hace hincapié en que Alaya en su informe escribe que “en fase de instrucción se llegó a demostrar a través de los referidos informes periciales que la defraudación por parte del señor Ruiz de Lopera a través de las citadas entidades instrumentales fue de casi 25 millones”, una afirmación que, precisa, es “prácticamente idéntica a la publicada en prensa”:“Llegamos a demostrar que con la contabilidad oficial había 25 millones que habían defraudado”.

Igualmente ocurre con respecto a las declaraciones sobre las conclusiones del informe pericial y de la supuesta existencia de una “contabilidad paralela”, lo que lleva a Lopera a concluir que el informe de la magistrada “ratifica las publicaciones periodísticas, cuya realidad, por otra parte, el acuerdo del promotor tampoco viene a negar”.

El ex mandatario verdiblanco sostiene en su recurso que la investigación acometida en la fase de instrucción fue “absolutamente exhaustiva e incluso prospectiva, abarcando desde el patrimonio suyo y de los demás encausados del periodo 1993 a 2008 hasta la determinación de la identidad de las personas que habían cobrado cientos de cheques y pagarés nominativos expedidos por las empresas” gestionadas por Lopera.

Para el ex presidente del Real Betis, las explicaciones ofrecidas por la magistrada “en nada justifican su proceder. Más bien puede afirmarse que denotan animadversión” hacia su persona, “pues no de otra manera puede entenderse la traída a colación de otros procesos judiciales en que, directa o indirectamente, ha estado inmerso”.

La íntima convicción de Alaya se reduce a un “mero acto de fe sin sustento objetivo”

En segundo lugar, considera que la juez “pretende acreditar una suerte de íntima convicción sobre la instrucción que llevó a cabo y su resultado, por más que las posiciones del Ministerio Fiscal –cuyo escrito de acusación dice desconocer–, la retirada del proceso de tres de las acusaciones particulares y la absolución dictada en la propia sentencia –que tampoco dice haber leído– reduzcan dicha convicción a un mero acto de fe absolutamente desprovisto de sustento objetivo alguno”.

Lopera considera que las declaraciones de la magistrada infringen “como mínimo” las obligaciones impuesta al juez en la normativa vigente, y añade que “ni el juicio ni su resultado, la sentencia –cuyo contenido le resulta indiferente– alteran, pues, su afirmación de que defraudé, o me apropié indebidamente, de 25 millones del Real Betis, aseveración realizada ante los medios de comunicación sin la más elemental prudencia y respeto a la sentencia que ya había sido dictada”.

Pero resulta que “quien sostiene públicamente y contra toda evidencia, mi grave culpabilidad es la propia magistrada instructora, quien, frente al conjunto de la ciudadanía, aparece como una voz especialmente autorizada precisamente por su condición de protagonista de la instrucción y por su conocida implicación personal en la causa de que fui objeto”, lamenta Lopera.

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