La ONU también pierde los papeles y extravia expedientes.El bufete de Fernando Osuna ha recibido una comunicación del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Suiza en la que admite haber perdido una reclamación de 400 policías, militares y guardias civiles españoles en la que denunciaban discriminación en sus pensiones puesto que todos habian sido heridos en acto de servicio.

Tras  cuatro años de inactividad, el Comisionado comunicaba la reanudación del caso y los trámites pertinentes para reclamar por esta pérdida de expediente. Estos guardias civiles, militares y policías solicitan cobrar la pensión íntegra sin limitaciones establecidas por la Ley de Presupuestos del Estado, tal y como ocurre con los agentes heridos en actos terroristas.

En la carta enviada por la ONU, fechada el pasado 14 de marzo, el Comisionado de Derechos Humanos explica que tras revisar los archivos han encontrado una comunicación del Bufete Osuna Abogados del 6 de abril de 2018 en la que se hace referencia al tema del límite de la pensión de las 400 personas afectadas y, al mismo tiempo, aseguran que "no consta" la comunicación original en sus archivos. A continuación, adjunta un folleto donde se explica cómo reclamar "quejas a los órganos de tratado de Derechos Humanos".

Según explica Fernando Osuna, se trata de un largo proceso que ha pasado por trámites en todos los órganos de la Administración del Estado hasta llegar al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ante las respuestas negativas, han llegado hasta la ONU. 

Fernando Osuna considera que los demandantes son "servidores del Estado que padecen una incapacitación acaecida en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Por la propia peculiaridad intrínseca de la profesión son más vulnerables a sufrir accidentes o atentados terroristas, y no es justo que sus derechos están siendo restringidos por los poderes públicos, dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares, con la única salvedad de que éstos fueron víctimas de atentados terroristas, existiendo entre ellos, muchas otras víctimas, que sin ser debidas a atentado terrorista, presentan iguales o mayores daños o secuelas".

El abogado no encuentra justificación para fijar un límite a las pensiones puesto que éste "se estableció sin una base que lo fundamentase, y fue una medida provisional que se sigue manteniendo. De este modo, "las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecen anualmente un límite máximo de percepción para las pensiones públicas, que no puede ser superado por la pensión o la suma de las pensiones públicas que perciba un mismo beneficiario, y de este modo, el tope de las pensiones se mantiene desde hace 26 años, si bien actualizado todos los años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado", afirma Fernando Osuna.

Ahora bien, las pensiones derivadas de actos de terrorismo están excluidas de este límite, que es lo que pretende este colectivo de 400 militares, policías y guardias civiles.