La juez ha puesto este miércoles fin a la instrucción del mayor brote de listeriosis detectado en 2019 España, y lo ha hecho en un auto en el que además de procesar a siete investigados, ha declarado la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla y de la compañía aseguradora, como había solicitado la Fiscalía de Sevilla por el "deficiente control sanitario y de la licencia de actividad", lo que implica que al final el facturón de la carne La Mechá puede tener que abonarse con los fondos públicos de la Administración local.

Entre los siete procesados se encuentra la inspectora veterinaria municipal, María José O. B., que realizó únicamente dos inspecciones en Magrudis y que "puntuó a la baja y omitió algunas puntuaciones, y no recogió muestras de productos, ni comprobó las superficies, por lo que no comprobó de forma exacta si la instalación reúne las condiciones". Esto lleva a la juez a considerar que hubo una "actuación deficitaria y anormal del servicio público que se debe prestar por parte del Ayuntamiento".

La instructora, Pilar Ordóñez, fijó en su día en cinco millones de euros la fianza impuesta a los dueños de Magrudis para hacer frente a los daños causados por el brote de listeriosis, que ocasionó la muerte de cuatro personas, seis abortos y otros 244 afectados. Todas estas personas y los familiares de los fallecidos tendrán que ser indemnizados cuando se dicte sentencia, al igual que la Junta de Andalucía, que ha cifrado de momento en 3.428.663,02 euros el coste sanitario derivado del brote.

En el auto, la juez dice que los gastos ocasionados por los servicios prestados en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macanera de Sevilla ascienden a unos 800.000 euros aproximadamente. 

¿Y cuánto dinero se ha podido reunir hasta ahora para hacer frente a esa millonaria factura de Magrudis? Una cantidad mínima, prácticamente irrisoria en comparación con los gastos ocasionados y las posibles indemnizaciones. El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla tiene consignados en su cuenta los 300.000 euros aportados por la aseguradora AXA, por el seguro de daños que tenía contratado Magrudis, y también se ingresaron otros 11.500 euros que ha abonado un empresario por la compra de los 26 bienes embargados a Magrudis, por la maquinaria y el mobiliario intervenido en las naves de la empresa cárnica.

La cifra aumenta levemente por la venta de los cinco vehículos embargados a la empresa y a sus dueños, teniendo en cuenta además que los vehículos sufren una gran depreciación con el paso del tiempo, como puso de manifiesto la instructora esta misma semana en una resolución en la que autorizó la venta de los bienes, y en este caso ha pasado casi un año desde que se acordó el embargo de los mismos.

De esta forma y por lo que se ha podido garantizar sólo hay algo más de 311.500 euros para hacer frente al pago de unos gastos e indemnizaciones que, según las estimaciones de la juez, pueden rondar los cinco millones de euros, una cantidad que, en el caso de declararse tras el juicio la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento, tendría que salir de las arcas municipales. Es decir, que la supuesta actuación negligente de los servicios municipales la acabaríamos pagando todos los ciudadanos de Sevilla.

Varias acusaciones que representan los intereses de los afectados se opusieron en su día a que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía intervinieran como acusación particular en la causa, alegando precisamente que podrían ser responsables civiles de lo daños por la falta de inspecciones o de control de la actividad de la empresa cárnica.

La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular en el proceso y representa a un grupo de perjudicado, también se opuso a que se permitiera la personación del Ayuntamiento, destacando la posible “responsabilidad que el Ayuntamiento podría tener ante una total y absoluta falta de control para valorar el necesario cumplimiento por parte de Magrudis de los requisitos administrativos necesarios para llevar a cabo la actividad de producción cárnica”.

Todos estos indicios que ponen en duda la actuación de los servicios municipales han sido constatados por la Fiscalía, que considera que el Ayuntamiento debe ser declarado responsable civil y “asumir las consecuencias de su inacción, acción deficiente y acción tardía, por cuanto supone de funcionamiento normal o anormal de un servicio público y la trascendencia en el resultado producido”.

Según la Fiscalía, la actuación del servicio de inspección veterinaria del Ayuntamiento fue “sin duda, deficiente”, aunque ha pedido el archivo de la causa contra la inspectora veterinaria investigada por la “falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de la existencia de sólo nueve veterinarios oficiales para el distrito de Sevilla”.

Sólo nueve funcionarios para inspeccionar las actividades posibilitó que Magrudis fuese inspeccionada únicamente en dos ocasiones antes de la alerta sanitaria, en los años 2016 y 2017. La cuestión es si, visto lo visto, lo ocurrido con Magrudis podría volver a repetirse si el Ayuntamiento no ha actuado para mejorar los sistemas de control, como denunció en su momento la oposición municipal.