Gines

Un investigado en “La Pará” denuncia que los errores policiales “contaminan la instrucción”

  • Con acusaciones "gravísimas, falsas e infundadas"

El presidente de la Diputación (centro) acude a declarar al juzgado

El presidente de la Diputación (centro) acude a declarar al juzgado / Juan Carlos Vázquez

La defensa del secretario general de la Diputación de Sevilla, investigado por las subvenciones al evento “La Pará” de Gines, ha pedido el archivo de la causa porque las ayudas se otorgaron “con la máxima escrupulosidad” y los informes de la Guardia Civil asumidos por el juez “contaminan la instrucción” y perjudican “no solo a la institución sino, lo que es más grave, a sus funcionarios”. 

La abogada Teresa Mira Abaurrea, que defiende al secretario general Fernando F-F.G., afirma que las acusaciones contra su cliente por parte de la Guardia Civil son “gravísimas, falsas e infundadas”.

Se une así a otros imputados en sus críticas a los informes policiales y al propio presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, cuya defensa también ha negado todo tipo de delitos de prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

Este nuevo escrito de la defensa dirigido al juzgado de instrucción 6 asegura que, una vez examinados los expedientes, se concluye que “el procedimiento aplicado para otorgar las subvenciones fue legal y adaptado con la máxima escrupulosidad a la normativa aplicable”.

En el caso del Ayuntamiento de Gines, la Diputación le concedió subvenciones en concurrencia con otros municipios para obras, contrataciones, instalaciones  municipales y servicios sociales, pero la legislación “también permite que en determinados supuestos concretos y singulares se puedan conceder subvenciones directas”.

Tras el interrogatorio del investigado, “quedó claro” que la normas que la Guardia Civil entendía conculcadas para la concesión directa “no eran aplicables a la administración local y en este supuesto concreto a la Diputación” y  “rotundamente” se expresó que no era aplicable el decreto andaluz de concesión de subvenciones.

"Son defectos que contaminan la instrucción y hace que se perjudique en este caso no solo a la institución sino, lo que es más grave, a sus funcionarios”, afirma la abogada. 

A ello se une que la firma del secretario “se produce siempre con posterioridad a la firma de la resolución por la autoridad competente”, por lo que el funcionario solo tiene una  función “certificante y fedativa”.

Concluye que para que haya delito debe demostrarse una intervención “activa u omisiva” del secretario en el expediente, pues lo contrario implicaría otorgar a este funcionario una condición de “titular del control de la legalidad de las actuaciones de la corporación que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, no le corresponde”.

A ello se une que el investigado “es desde hace 25 años  secretario general de la Diputación de Sevilla, funcionario de carrera por oposición, profesor universitario, profesor del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas y del Instituto Nacional de Administración Pública.

“La mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la ley”, concluye la defensa.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios