El alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE), y cinco concejales han pedido el archivo de la causa judicial abierta por las subvenciones recibidas para el evento de “La Pará”. En su escrito, afirman que siempre actuaron según las instrucciones de los técnicos, pero sobre todo arremeten contra la Guardia Civil, sus “incorrecciones, omisiones y elucubraciones”, su “poco conocimiento” de la materia y sus “constantes errores” al trasladar al atestado lo declarado por los acusados y testigos.

El abogado César López Molina ha recurrido en nombre de Garrido y otros cinco concejales, tanto del PSOE como de IU, y después de que lo hayan hecho otros investigados como el presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos.  

Afirma que, después de una larga instrucción de más de cuatro años, “a día de hoy ni siquiera hay un juicio racional en el que pueda sustentarse que las posibles irregularidades (si las ha habido) sean de carácter penal”, pues los acusados “siempre creyeron que estaban actuando en base a Derecho, ya que no hicieron otra cosa que seguir los procedimientos establecidos por los técnicos bajo su control y aquiescencia”.

Todo ello unido a que ninguno “se ha quedado con un solo duro y todo el dinero se ha empleado simple y llanamente en la dinamización económica y cultural de Gines”, según el recurso al que tuvo acceso este periódico.

La Junta corrigió las “infladísimas” cifras de la Guardia Civil

La parte más dura del recurso se refiere a los atestados de la Guardia Civil, “plagados de incorrecciones, omisiones y elucubraciones, todas ellas ajenas a la importancia y seriedad que se espera”. A ello se une “la total ausencia de conocimiento y formación que en relación al Derecho Administrativo muestran los agentes que han realizado el informe”.

Esos errores se producen sobre todo en la cantidad  presuntamente malversada, más de 800.000 euros según la Guardia Civil. El abogado afirma que los agentes calcularon ese importe  “en base a las cifras del año de mayor plenitud” del evento y lo multiplicaron por los años en que se había celebrado.

Lo “infladisimo” de las cifras -añade el recurso- obligó al juez de instrucción 6 solicitar la ayuda de los interventores de la Junta de Andalucía, “auténticos técnicos en la materia”, que redujeron las cantidades “en la nada desdeñable cifra de 676.052 euros, dejando el posible perjuicio en 123.948 euros”.

La “simple comparación de las cifras” denota “el poco conocimiento de la policía judicial comisionada en la materia encomendada“, mantiene López Molina.

También critica los “constantes errores al trasladar a los atestados el contenido de lo declarado por investigados y testigos”. Se refiere especialmente a una interventora a quien preguntaron quiénes eran los responsables de esas actuaciones y respondió que “los técnicos del ayuntamiento”  pero la Guardia Civil en su atestado consignó que la interventora había manifestado que para ella los culpables eran “los técnicos y los políticos“.

Ello obligó a que la interventora acudiera a la causa para aclarar este y otros aspectos, cuando manifestó que “ella a esa pregunta respondió lo que consta en su declaración y no en el atestado”.