En enero de 2015 el pequeño municipio sevillano de El Castillo de las Guardas saltó a la primera línea de la información tras desmantelar la Guardia Civil la, hasta entonces, mayor fábrica de tabaco ilegal en Europa. La operación se saldó con diez detendidos en un primer momento, aunque serán 13 los acusados que se enfrenten ante el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que tiene previsto juzgarlos a partir del próximo viernes 21 de octubre por los delitos de contrabando de tabaco, organización criminal, contra la propiedad intelectual y tenencia ilícita de arma.

La Fiscalía solicita para los acusados penas que van entre los siete y los dos años de cárcel. Todos ellos son de nacionalidad española y vecinos de distintos pueblos de la provincia de Sevilla, salvo los dos encargados de la fábrica, dos ciudadanos griegos especialistas en la producción de tabaco. 

La operación de la Guardia Civil, llamada Cortafuegos, tenía vigilados a este grupo que, según recoge el escrito del Ministerio Público, había alquilado una finca en El Castillo de las Guardas que levantó sospechas no sólo por estar en un lugar apartado y de difícil acceso, sino por las obras que habían realizado. Habían colocado cuatro compresores de aire acondicionado tipo industrial oculto bajo un doble techo, cegado las ventanas e instalado tubos chimeneas para la eliminación de gases, por lo que "podría tratarse de un lugar para laboratorio y almacenaje de sustancias estupefacientes".

Ante esta circunstancia, los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil, intervineron los teléfonos de cinco de los acusados y constataron que la "organización criminal venía dedicándose al contrabando de tabaco a gran escala".

Según la Fiscalía, la organización fue creada por José María L. M., que ejercía de jefe. Por otro lado, Gonzalo F. d. C. D.  era el encargado de la parte económica y administrador de hecho de Conductial S. L., la empresa con la que compraban los materiales para la fabricación de las cajetillas y alquilaba algunas delas naves para almacenar la mercancía. Francisco F. S. se ocupaba de la distribución mientras que José Luis L. A. era el administrador de derecho de Conductial y era quien firmaba todas las operaciones como testaferro. Otro de los acusados, José Luis L. C. era el socio inversor.

La organización tenía además varias naves alquiladas a través de Conductial en polígones industriales de Camas, Valencina y Santiponce. En el mes de diciembre de 2014, los agentes interceptaron un camión que salió de una de ellas y encontró numerosas cajas a granel prensado, tabaco cuyo valor superaba los 15.000 euros.

El escrito del Ministerio Público recoge que en la finca de El Castillo de las Guardas la organización "tenía montada una fábrica de tabaco con maquinaria de empaquetado de cigarrillos". En la nave se intervinieron 48 cajas con precintos, embalajes y serigrafías de la marca American Legend, además de dos transportadores manuales de palets, báscula de pesaje industrial, tabaco a granel, ordenadores portátiles y cajas de tabaco y tabaco picado.  En total se intervinieron 64.500 cajetillas con un valor de mercado de 267.675 eurosy 29.400 kilos de tabaco picado rubio por valor de 5.292.000 euros.