Blanqueo de capitales

El Registro Antiblanqueo recibe 1.796 alarmas desde Andalucía

  • De ellas, 1.204 procedentes de los Registros de la Propiedad y 592 de los Mercantiles

Registro de la Propiedad de Sevilla Registro de la Propiedad de Sevilla

Registro de la Propiedad de Sevilla / José Angel García

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) del Colegio de Registradores de España, cuya función es prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, recibió en el primer semestre de 2020 un total de 1.796 alarmas desde Andalucía. De ellas, 592 fueron de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles y 1.204 de los Registros de la Propiedad, dato este último que coloca a Andalucía a la cabeza nacional en cuanto a este tipo de notificaciones.

Según datos divulgados este viernes por el Colegio de Registradores de España, los Registros de la Propiedad alertaron en el primer semestre del año de 622 casos en Andalucía oriental y 582 en Andalucía occidental. En total, estas 1.204 anotaciones sospechosas situaron a Andalucía por delante del resto de las comunidades: Madrid declaró 702, Valencia 517, Cataluña notificó 445 y los Registros de la Propiedad de Baleares alertaron sobre 263 inscripciones.

En cuanto a los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles, comunicaron desde Andalucía en el primer semestre un total de 592 alarmas (363 en los Registros orientales y 229 en los de Andalucía occidental), lo que en este caso la sitúa detrás de las 4.913 comunicadas por Madrid, las 2.659 alarmas de Cataluña y las 608 alertas de Valencia.

Detrás de Andalucía se sitúan Baleares con 320 alarmas y País Vasco con 247.

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es un órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que actúa con plena autonomía técnica.

Según recuerda en Colegio Nacional de Registradores en un comunicado, la función del CRAB es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los registradores.

Esto se traduce en una doble finalidad: minorar la carga de trabajo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y eximir de responsabilidad a los registradores que detectan una posible operación sospechosa de blanqueo de capitales y la comunican a su órgano centralizado de prevención. También la de apoyar en el cumplimiento de sus obligaciones legales (control interno y verificación de sancionados).

El registrador que detecta una operación sospechosa la envía al CRAB, que comprueba determinados extremos como las vinculaciones con intervinientes de otras operaciones comunicadas en todo el territorio nacional.

La “sofisticación” del blanqueo duplica las operaciones sospechosas en el Registro Mercantil

Curiosamente, las operaciones sospechosas remitidas a nivel nacional por el Registro Mercantil suponen el doble que las remitidas por el Registro de la Propiedad (10.287 frente a 4.143 en el primer semestre), lo que se explica porque “las operaciones de blanqueo son cada vez más sofisticadas y eso genera la creación de personalidades jurídicas en cadena, complicando llegar a conocer quién es el beneficiario final, el titular real, en definitiva, de los bienes que se ponen en circulación”.

Para detectar operaciones irregulares se valoran elementos como el uso de medios de pago opacos, los vínculos con paraísos fiscales y las alteraciones de valor, y en el caso del Registro Mercantil, un cambio en el valor de una sociedad limitada tras una ampliación de capital, entre otras cuestiones.

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