El juicio por el brote de listeriosis que provocaron los productos en mal estado de Magrudis en 2019, que dejó tras de sí cuatro fallecidos, siete abortos y 235 lesionados de distinta gravedad, se celebrará en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. En un auto fechado el 21 de noviembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 10 decretó la apertura de juicio oral y envió la causa a la Audiencia para que lo turnara a la Sección de lo penal correspondiente. Y la elegida ha sido la hasta ahora presidida por el magistrado Javier González, que hace ya unos días que encargó a sus funcionarios que le trasladasen los muchos tomos de los que consta este macrocaso. De todas formas, teniendo en cuenta que este juez se jubilará en septiembre, a priori parece complicado que sea él quien dirija un juicio que se prevé que dure varias semanas.

Siete personas se sentarán en el banquillo de los acusados, la mayoría de la familia que controlaba Magrudis: el administrador, José Antonio Marín Ponce; su mujer, responsable de la puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José, administrador único de la mercantil, y Mario, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario S.L.; el arquitecto técnico y el asesor financiero de Magrudis; y la veterinaria municipal que revisó las condiciones higiénicas de la empresa.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita penas de hasta diez años de cárcel para los dueños de Magrudis y la absolución para la veterinaria. También reclama que el Ayuntamiento de Sevilla (personado a su vez como acusación) sea declarado responsable civil subsidiario del brote y haga frente al pago de los gastos originados por el contagio, que cifra en unos 800.000 euros. La Junta de Andalucía, que también será parte del juicio, agranda esa cifra hasta algo más de 3,4 millones de euros.